El responsable de Justicia del PP participó activamente en el borrador contra el colapso, según Justicia

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Decreto de medidas urgentes que tiene previsto llevar el Gobierno al Consejo de Ministros este martes para evitar colapsos en la Justicia y adecuar su funcionamiento a la situación creada por la pandemia de Covid-19 ha sido ampliamente comunicado tanto a operadores jurídicos como a partidos políticos, y de hecho el consejero de Justicia de Madrid y responsable del área dentro del PP, Enrique López, ha participado activamente en su elaboración, según fuentes del Ministerio de Justicia. De hecho una de las medidas estrella, la habilitación parcial de agosto, habría partido del propio López.

Esta circunstancia contrasta con las manifestaciones realizadas este mismo lunes por el líder del PP, Pablo Casado, que ha asegurado que el PP no apoyará el decreto y que éste se refiere además a aspectos de una Ley Orgánica que "no se puede modificar por real decreto".

Desde Justicia, sin embargo, se apunta que por parte de López no se ha producido reticencia alguna, y se añade que esta lealtad también se ha percibido durante la elaboración de la norma por parte de los portavoces de los principales grupos políticos en el Congreso -que deberá validarla- de los que se ha obtenido una opinión favorable tras serles explicado el articulado.

De igual forma habrían dado su visto bueno a las normas previstas por el departamento de Juan Carlos Campo los representantes de las comunidades autónomas y operadores jurídicos en general, con la salvedad del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que incluso celebró este domingo un pleno para rechazar la habilitación del mes de agosto.

En opinión de Justicia, los ciudadanos no entenderían que no se apoyen medidas de agilización en los juzgados, por lo que confía en que el texto se podrá convalidar en el Congreso con el mayor consenso posible.

Según el borrador del decreto sobre el que aún trabaja Justicia, y al que ha tenido acceso Europa Press, se trata de una serie de medidas organizativas, procesales y normativas para "procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la suspensión".

Así, con el objetivo de dar respuesta al previsible incremento de la litigiosidad derivada de la crisis sanitaria, se declararían hábiles para todas las actuaciones judiciales los días 11 a 31 de agosto, se celebrarán juicios telemáticos y se establecerán turnos de mañana y tarde para el funcionariado en los juzgados, entre otras disposiciones.