MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha remitido una carta a los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo, quejándose de que las Cortes aún no le han contestado a la propuesta que planteó el pasado mes de abril para suprimir el sistema de complemento de pensión que las Cámaras facilitan a los parlamentarios con un mínimo de siete años de mandato y establecer la igualdad de diputados y senadores con el resto de trabajadores en relación a sus prestaciones de desempleo y Seguridad Social.
La primera vez que Díez lanzó esta idea a las Mesas del Congreso y el Senado fue el pasado 30 de abril. Como cuatro meses después no había obtenido respuesta, volvió a instar a los presidente de ambas Cámaras a contestar a su petición y, como esa vez su protesta tampoco dio resultado, ha optado por reiterar tanto la queja como la iniciativa, coincidiendo con el debate sobre la jubilación abierto en el Pacto de Toledo.
"Que en siete meses y diecisiete días no se haya producido ningún tipo de respuesta me resulta algo verdaderamente incomprensible, máxime cuando la reforma general del sistema de pensiones que afecta al conjunto de los ciudadanos españoles está siendo abordada en esta Cámara", denuncia Díez en la carta que ha enviado a Rojo y Bono.
UN DERECHO "INALCANZABLE" PARA EL RESTO
A su juicio, en un momento de "profunda y larga crisis económica" y de "creciente descrédito de la actividad política", es urgente tomar medidas decididas e inequívocas para restablecer el principio de igualdad, como suprimir ese complemento para acceder a la pensión máxima, "que otorga a los parlamentarios derechos inalcanzables al común a los trabajadores".
Díez recalca que, mientras un parlamentario español puede complementar su pensión de jubilación o incapacidad con cargo a las Cortes hasta una cuantía equivalente la pensión máxima o cercana a ella sólo con haber sido parlamentario durante más de 7 años, un trabajador corriente, sin complementos, necesita 35 años de trabajo y haber cotizado por una base muy alta durante los últimos 15 años de su vida laboral para percibir la pensión máxima de jubilación.
En su petición, la diputada explica que un parlamentario español puede jubilarse a partir de los 60 años si reúne los requisitos para la jubilación anticipada y ha cotizado 40 años -con la garantía de cobrar una cuantía equivalente a la pensión máxima, gracias al complemento que le pagan las Cortes-, pero el resto de trabajadores está sometido a reducciones por cada año que adelante la jubilación.
VENTAJAS PARA PREJUBILARSE
Coincidiendo con el debate sobre la elevación de la edad de jubilación, Díez recuerda que los parlamentarios "tienen incluso la posibilidad de prejubilarse con 55 años con derecho a cobrar un 60 por ciento de la asignación constitucional y manteniendo el alta en la Seguridad Social hasta la edad de jubilación".
"Si hay consenso sobre la necesidad de acabar con las 'prejubilaciones' por el daño que causan a nuestra economía productiva, a los trabajadores y a la viabilidad del sistema de Seguridad Social, no es razonable que quienes votaremos cuando corresponda contra las prejubilaciones abusivas tengamos garantizada, en cambio, una prejubilación 'blindada'", proclama Díez, para quien es "evidente" que este privilegio se opone al principio de premiar el esfuerzo y de garantizar un sistema de Seguridad Social justo y equitativo.
Por último, se refiere al plan de previsión social para parlamentarios con el 10 por de la asignación constitucional, una cuantía que juzga "muy elevada comparada, por ejemplo, con la que aporta la Administración para sus funcionarios". A su juicio, sería más justo que fueran los parlamentarios quienes decidieran voluntariamente cuánto aportan, pero de sus emolumentos.
