PSOE, PNV, UPyD, ERC, BNG y Compromís-Equo apoyarán a CiU, mientras que la Izquierda Plural se abstendrá
MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP rechazará este martes en el Pleno del Congreso la toma en consideración de una proposición de ley de CiU en la que planteaba la creación de un fondo de ayuda al Tercer Sector que, a juicio del diputado nacionalista catalán que ha defendido la propuesta, Carles Campuzano, se está viendo fuertemente afectado por la "dura crisis económica".
Así lo ha anunciado durante su exposición la presidenta de la Comisión de Discapacidad del Congreso y encargada de defender la postura del PP en esta iniciativa, Lourdes Méndez, quien ha argumentado que su grupo parlamentario no va a apoyar la iniciativa, entre otros puntos, porque existe un mandato consensuado por la mayoría de grupos en la Comisión de Política Social del Congreso que ya insta al Gobierno a traer a la Cámara una ley sobre el tercer sector.
Además, sostiene que el Ejecutivo ya está trabajando, con el apoyo de las entidades del tercer sector, en una normativa de estas características, que se traerá a la Cámara "de forma inminente" y en la que asegura que las ONG tendrán mayor peso en las decisiones que adopte el Gobierno.
"Estas organizaciones son imprescindibles muchas veces para garantizar los derechos sociales en estas épocas", ha defendido Méndez, al mismo tiempo que ha subrayado los impagos que sufren estas entidades por parte de las administraciones y ha indicado que por eso el Gobierno decidió incluirlas dentro del plan de pago a proveedores. "En lugar de tener duplicidad de embajadas igual habría que pagar a las ONG, ¿no le parece?", ha preguntado a Campuzano.
A esta propuesta han mostrado su apoyo los portavoces del PSOE, PNV, UPyD, ERC, BNG y Compromís-Equo, mientras que desde la Izquierda Plural se van a abstener. Eso sí, este apoyo de los grupos parlamentarios que han anunciado su respaldo es insuficiente para la toma en consideración de la iniciativa puesto que el PP cuenta con mayoría absoluta en el arco parlamentario.
PROPUESTA DE CIU
En su propuesta, los nacionalistas catalanes planteaban un fondo para la reestructuración de entidades sin afán de lucro del tercer sector, que se nutriera de los recursos consignados anualmente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, durante su primer año de vida contase con al menos 100 millones de euros.
Para años posteriores, planteaba que se destinasen los recursos que se asignen a los PGE, entre los cuales figurarían aquellos que de acuerdo con las disposiciones normativas, lleguen a ser calificados como bienes vacantes, abandonados o que carecen de dueño conocido, y que se atribuyeran al Estado.
En cuanto al destino de los fondos, estos se distribuirán a las comunidades autónomas, aunque en proporción al número de entidades del tercer sector social existentes y potencialmente beneficiarias en cada una de ellas.
EN ESTADO DE SUPERVIVENCIA
En defensa de su iniciativa, Campuzano ha lamentado la "drástica reducción" de los presupuestos de las administraciones a pagar la labor que estas entidades realizan ya que, a su juicio, está incidiendo de forma "muy negativa", "directa e intensamente" sobre el tercer sector social.
"Las administraciones no están abonando o lo están haciendo con enormes retrasos, las ayudas y subvenciones ya concedidas, o las deudas comerciales contraídas por prestación de servicios, arrastrando a muchas de estas entidades al cierre", critica CiU, al mismo tiempo que subraya la pérdida de socios, la disminución de los recursos de las obras sociales de las cajas, y la desaparición de buena parte de ellas.
Aunque no suscribe en su totalidad lo planteado por los nacionalistas catalanes, Esperanza Esteve, del PSOE, ha adelantado que su formación parlamentaria sí va a votar a favor de la admisión a trámite de esta proposición de ley por el papel y la situación que viven en la actualidad las entidades del tercer sector. A su vez ha hecho un llamamiento para la aprobación de una ley del tercer sector.
El portavoz de UPyD en la materia, Toni Cantó, ha indicado que hay ONG que deberían llamarse 'organizaciones gubernamentales' porque muchas dependen de la administración y va a apoyar la admisión a trámite de la iniciativa, para poder mejorarla en el trámite parlamentario, porque hay puntos que no entiende, como que la partidas de los PGE se destinen a las comuniaddes autónomas en función del numero de ONG que haya.
Isabel Sánchez-Robles, del PNV, ha anunciado su voto positivo a esta iniciativa "por responsabilidad" y ante el "descalabro" que sufren las entidades del tercer sector ante los recortes y la falta de cumplimiento de las administraciones. No obstante, ha precisado que esta situación de alarma no se está produciendo en Euskadi, con competencias en la materia y un régimen de financiación diferencial, que no se vería afectado por esta proposición de ley.
Desde Compromís-Equo, Joan Baldoví, sí que va a apoyar su admisión a trámite para mejorar vía enmienda el funcionamiento ordinario de estas entidades respecto a la continuidad de proyectos, ante la actual "gravedad insoportable" por los impagos de las administraciones, que conducen al cierre de múltiples instituciones.
A su vez, Rosana Pérez, del BNG, dice que va a respaldar la toma en consideración de esta propuesta de los nacionalistas catalanes para evitar la debacle del tercer sector y ante su necesaria restructuración a través del voluntariado.
Joan Tardà, de ERC, ha lamentado que esta "buena iniciativa" de CiU no vaya a prosperar porque tiene un objetivo y metodología de financiación "francamente muy interesante" al menos para ser aprobado y mejorado en el trámite parlamentario y dar solución a la actual situación de las ONG en España que "malviven y muchas tienen que cerrar". "El PP es insensible a su ADN socialcristiano al rechazar esta iniciativa. No pasa ni la ITV de su cristianismo", ha apostillado.
Mientras, Laia Ortiz, de la Izquierda Plural, ha tachado de "cínica" la proposición de ley de CiU porque sostiene que muchos de los problemas que tienen estas entidades en Cataluña es por culpa de los recortes que ha implementado en esta comunidad autónoma la Generalitat, gobernada en mayoría por CiU, y por eso sostiene que va a abstenerse en la votación, cuyos planteamientos cree que tampoco sirven para encontrar una solución a estos problemas.
