Rull ataca al Constitucional y basa su desobediencia en una resolución del Tribunal Supremo de Canadá

Actualizado 20/02/2019 14:33:10 CET
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Dice que es imposible el destino de fondos públicos para el 1-O por la intervención "abusiva" de las cuentas de la Generalitat

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rull contesta a la fiscal y protesta por la ausencia de traducción simultánea en el juicio por el procés

El exconsejero catalán de Territorio Josep Rull ha dedicado este miércoles varios minutos de su declaración en el juicio del 'procés' a acusar al Tribunal Constitucional (TC) de falta de "legitimidad moral" porque, a su juicio, ha sido "instrumentalizado" por el Gobierno central contra el independentismo catalán. El acusado ha recurrido a una resolución del Tribunal Supremo de Canadá para justificar las continuas desobediencias al tribunal de garantías español cuando suspendió las leyes de desconexión.

En un áspero cruce de preguntas y respuestas con la fiscal Consuelo Madrigal, Rull ha admitido que fue advertido hasta en seis ocasiones por el Constitucional en los meses previos al referéndum del 1 de octubre de 2017, desde la aprobación del proceso constituyente hasta la ley de transitoriedad, pero ha censurado que el tribunal recurriese en tantas ocasiones al artículo 16.2, según el cual una norma autonómica queda automáticamente suspendida cuando el TC admite a trámite una impugnación del Gobierno de la nación.

"Hay una falta de legitimidad moral del Tribunal Constitucional por ser sistemáticamente instrumentalizado por el Gobierno y suspendida. Hay una utilización sistemática, constante, permanente por parte del Estado y el Constitucional se ha dejado instrumentalizar para dejar la autonomía de Cataluña absolutamente minimizada", ha explicado.

EQUILIBRIO Y PONDERACIÓN

Ha sido en ese punto cuando Rull ha subrayado que el Govern de Carles Puigdemont actuó siempre buscando la "ponderación" y el "equilibrio" entre "el imperio de la ley y el principio democrático", y para argumentar esta forma de actuación ha recurrido a una resolución del Tribunal Supremo de Canadá, según la cual "un sistema de gobierno no puede sobrevivir únicamente a través de la adhesión al Derecho", sino que también "necesita legitimidad, interacción entre imperio de la ley y el principio democrático".

"Nosotros siempre buscábamos el equilibrio entre los dos elementos. El sistema tiene que ser capaz de reflejar las aspiraciones del pueblo. El objetivo era poner a disposición de la gente el instrumento para proyectar su voluntad y hacerlo a través de las urnas", ha manifestado el exconsejero, para añadir después que se sintió "honrado" por participar en este proceso y aprobar las medidas que derivaron en el 1-O.

Ha sido en ese momento cuando la fiscal le ha preguntado directamente si ha leído la doctrina del Supremo de Canadá y no la del Tribunal Constitucional español, a lo que el acusado ha contestado que su "convicción" es que el tribunal de garantías tiene un "déficit importante de autoridad moral" y que su opinión es "compartida por personas relevantes en el mundo jurídico".

Durante toda su declaración, Rull ha utilizado un tono comedido y sus respuestas no se han limitado a un 'sí' o un 'no', sino que se ha extendido en la mayoría de ellas, añadiendo en ocasiones contexto, recordando disposiciones normativas o incluso repreguntando a la fiscal que le ha llevado a ser reprendido por el presidente del tribunal, Manuel Marchena. Casi siempre, Rull ha aprovechado sus contestaciones para poner de manifiesto sus opiniones e ideología política. Tan largas han sido sus contestaciones que su interrogatorio se ha prolongado cuatro horas.

CELERIDAD EN APROBAR LAS LEYES DE DESCONEXIÓN

En otra parte de la comparecencia, Madrigal ha dedicado buena parte de sus preguntas a saber por qué las denominadas leyes de desconexión (ley de referéndum y ley de transitoriedad) se aprobaron de forma tan apresurada los días 6 y 7 de septiembre de 2017, "sin firma del secretario del Parlament, sin admisión de enmiendas y desestimándose todas las consideraciones".

Rull no ha respondido a esta cuestión y se ha limitado a decir que "otros testigos y acusados podrán explicarlo" y ha asegurado que las dos leyes se tramitaron y aprobaron "de acuerdo al reglamento del Parlament" y garantizando "la pluralidad política y democrática del Parlament". Y tras la insistencia de la fiscal, ha acabado admitiendo que la tramitación y votación tuvo lugar "tarde, de noche".

Y sobre el posterior decreto de convocatoria del referéndum independentista, ha confirmado que lo firmó "en conciencia" y "en base a una ley plenamente vigente emanada de un Parlamento plenamente democrático" que expresaba la "voluntad popular". Todo ello a pesar de que ha admitido que las leyes de desconexión fueron suspendidas por el Constitucional tras su aprobación.

AÚN VEÍAN POSIBLE UN REFERÉNDUM PACTADO

También ha afirmado que cuando votó los presupuestos de la Generalitat que incluyeron partidas concretas para consultas populares --partidas que el TC también tumbó-- "no tenía conciencia de hacer nada malo", pues el Govern aún creía "posible" organizar un referéndum pactado con el Estado. "Nuestra voluntad antes, ahora y siempre es pactar un referéndum con el Estado", ha destacado, al tiempo que ha recordado que el expresidente Mariano Rajoy siempre decía que ni podía ni quería hacerlo, si bien Rull opina que "sí podía" porque no tiene reproche penal, "pero no quería".

Por otro lado, y al igual que otros acusados que han declarado anteriormente, Rull ha dicho no conocer el documento Enfocats, pero sí ha reconocido que estuvo en las reuniones de elaboración y firmó la hoja de ruta de 2015 que puso en marcha el proceso independentista, pero ha explicado que no era un "documento estratégico", sino la base del programa de Junts pel Sí.

Según Rull, esa hoja de ruta marcaba que a las elecciones de septiembre de 2015 se les iba a dar un "carácter plebiscitario" porque ya se habían "agotado los instrumentos que el Derecho español da para convocar un referéndum".

"Utilizamos todas las vías, lo intentamos más de 20 veces por todos los mecanismos que teníamos a nuestro alcance. Por eso, ¿qué mejor forma que buscar un mandato popular a través de un referéndum?", se ha preguntado.

MISMA ESTRATEGIA QUE TURULL

Otros de los bloques del interrogatorio ha sido el referido a la financiación del 1-O. Rull ha seguido la misma estrategia que Jordi Turull y ha negado categóricamente que se "desviasen" fondos públicos para la consulta debido al "nivel de control y garantías excepcionales" que tiene implantada la propia Generalitat.

En este sentido, ha asegurado que "un conseller motu proprio no puede gastar si no hay una trayectoria de control absolutamente férrea", algo que se intensificó e hizo imposible una vez que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió intervenir "de manera abusiva" --"por decreto" y sin el respaldo de las cortes generales, ha reprochado-- las cuentas de la Generalitat de Cataluña, pues dejó la administración catalana como "una gestoría".

De este modo, ha manifestado hasta en cuatro ocasiones la misma frase: "No se gastó ni un euro público en la organización del referéndum". Rull se ha remitido en varias ocasiones a las declaraciones que prestaron ayer Turull y Raül Romeva sobre la contratación con Unipost para la preparación de material electoral o de campañas para el 1-O y ha advertido varias veces a la fiscal que sólo puede responder sobre las actuaciones de su departamento.

Así, también ha afirmado que no sabe cómo las urnas y las papeletas llegaron a los centros de votación, aunque ha añadido que tenía una "confianza íntima" en su "país" para que esto ocurriese ya que hay "un volumen importante de ciudadanos comprometidos con esta causa de libertad".