Garzón destaca que Segi es responsable de realizar acciones complementarias a las de ETA en su lucha contra el Tren de Alta Velocidad (TAV)
MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La organización ilegalizada Segi se vio obligada a sustituir hace un mes al responsable de finanzas de su talde en la localidad guipuzcoana de Hernani Txomin Eguren, "tras sorprenderle sustrayendo dinero de la cuenta del grupo", según indica el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el auto por el que ordena el ingreso en prisión de siete de sus miembros, a los que acusa de la comisión de delitos de integración en organización terrorista.
El juez ordenó el pasado sábado el encarcelamiento de Egoitz Balerdi Ugalde, Asier Olano Zabaleta, Mikel García Otamendi, Ekhi Oñate Arrozpide, Aitzol Arrieta Erauskin --hijo de la dirigente 'abertzale' y presunto líder del grupo--, Jon Ezeiza Jauregui, y Txaber Zabaleta Galdeano. El magistrado tan sólo decretó la medida de libertad provisional bajó fianza de 10.000 euros para Iñigo Alcelay Durán.
Garzón, dictó además dos órdenes de busca y captura para Antton Zabala y Ekaitz Tellerías. El talde es responsable de la comisión en la localidad de distintas acciones contra el Tren de Alta Velocidad (TAV) que fueron secundadas después con acciones de la banda terrorista ETA.
El magistrado especifica en su autor que uno de los detenidos, Jon Eceiza, realiza en la actualidad las funciones de tesorero en sustitución del mencionado Eguren, que no fue arrestado durante la operación. Asegura que sus acciones en las finanzas se ven corroboradas por la incautación en el registro de su domicilio de una tarjeta de crédito y un número pin. "En su declaración indica que asumió estas funciones tras serle trasferida la tarjeta y su número secreto", destaca Garzón.
ACCIÓN COMPLEMENTARIA A ETA
El auto destaca que Segi es responsable la comisión de acciones contra el TAV, como acción complementaria a la de ETA. Los actos, indica, están descritos en múltiples documentos internos de ambas y se distribuyen en tres niveles que van desde la 'kale borroka' contra personas e intereses relacionados con el tren hasta las acciones realizadas de forma directa por la banda terrorista, como el asesinato del empresario Ignacio Uría.
Así, varias de las acciones del grupo fueron secundadas por la colocación posterior de artefactos por parte de ETA. Este es el caso de la quema de excavadoras pertenecientes a la empresa Amenábar, concesionaria de las obras del TAV, en mayo de 2008. Durante ese mismo mes "ETA explosionó maquinaria de la misma empresa mediante la colocación de dos artefactos", destaca el juez.
El juez pone además de manifiesto que los detenidos compartieron la comisión de actos de violencia callejera con el miembro de la banda terrorista Beñat Aguinagalde, actualmente huido e imputados en los dos últimos asesinatos cometidos por ETA, el del empresario Ignacio Uría y el del concejal del PSE en la localidad guipuzcoana de Mondragón Isaías Carrasco.
El magistrado indica también que en uno de los locales registrados se encontró un disco que, una vez analizado, reveló tener en sistema operativo Linux que contiene programas de encriptación como el PGP, "utilizado por miembros de ETA, como Garikoitz Aspiazu Rubina alias 'Txeroki' o Juan Fernández Iradi, alias 'Susper'.
