Publicado 01/02/2022 20:16

El Senado aborda mañana la reforma estatutaria de Baleares para eliminar aforamientos, que será previsiblemente aprobada

Archivo - Fachada exterior del Palacio del Senado en Madrid.
Archivo - Fachada exterior del Palacio del Senado en Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado de este miércoles debatirá y votará la reforma del Estatuto de Autonomía de Baleares para suprimir los aforamientos de sus diputados autonómicos y los miembros del Gobierno balear con el fin de que puedan ser juzgados por tribunales ordinarios.

Esta reforma estatutaria viene de ser aprobada el pasado mes de diciembre por la mayoría del Pleno del Congreso de los Diputados, que no introdujo ningún cambio, por lo que previsiblemente el Senado también dará mañana su luz verde. En cualquier caso, el cambio en la norma balear tiene que volver a la Cámara Baja para su ratificación definitiva antes de que llegue al Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Parlamento balear aprobó por unanimidad esta reforma de su Estatuto en el mes de noviembre del año 2018 al entender que el fuero es percibido por la sociedad como "un privilegio que distorsiona el principio de igualdad" de todos los ciudadanos ante la Justicia.

Y, como marca la ley, la remitió al Congreso para su ratificación definitiva. Aunque la Cámara Baja la tomó en consideración hace dos legislaturas, su tramitación quedó congelada como consecuencia de los procesos electorales de 2019 y fue hace unos meses cuando finalmente las Cortes han vuelto a retomar esta tramitación.

AFECTARÁ A 59 DIPUTADOS

Esta reforma del Estatuto balear, que afectará a 59 diputados del Parlamento y a los miembros del Gobierno balear, no es la única, sin embargo, que ha pasado por el Congreso en los últimos tiempos. Canarias, Murcia, Cantabria y La Rioja también modificaron sus respectivos textos estatutarios para acabar con los aforamientos políticos.

El debate sobre acabar con el aforamiento de los políticos cobró protagonismo cuando en 2018 el Gobierno anunció que iba a estudiar una reforma constitucional para eliminar esta protección, pero la idea no llegó a traducirse en una propuesta.

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