El Senado defenderá la tramitación del impuesto sobre los depósitos bancarios ante los recursos de Cataluña y Asturias

Actualizado: martes, 14 mayo 2013 16:38

(Esta noticia sustituye a la anterior sobre el mismo tema por una precisión en el titular y el primer párrafo. Disculpen las molestias)


MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Senado ha acordado que la cámara presente alegaciones en el Tribunal Constitucional para defender la tramitación de la ley que establece un impuesto estatal sobre los depósitos bancarios ante los recursos de Cataluña y de Asturias. El acuerdo ha contado con el voto a favor del PP y la abstención de PSOE y CiU.

El acuerdo supondrá la comparecencia del Senado en ambos procedimientos para presentar alegaciones, que correrán a cargo de los servicios jurídicos de la cámara.

La institución suele personarse en estos casos para defender cómo ha tramitado las leyes que aprueba, al igual que el Congreso. En esta ocasión, se trata de los recursos de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de ley 16/2012 de consolidación de las finanzas públicas y del impulso de la actividad económica.

Ese artículo establece un impuesto estatal sobre los depósitos bancarios, evitando la legislación autonómica. Extremadura y Andalucía contaban con esta imposición desde 2001 y 2010, respectivamente, y el año pasado aprobaron normas similares tanto Cataluña y Asturias como Canarias.

La capacidad de las autonomías para aprobar este impuesto recibió el visto bueno del Tribunal Constitucional, que resolvió a favor de Extremadura un recurso del Estado contra su normativa de 2001. Por ello, el Gobierno optó por aprobar una regulación para el conjunto del país y evitar que las autonomías tengan la iniciativa y los depósitos de un mismo banco puedan estar gravados o no, o a tipos diferentes, en según que comunidad.

Sin embargo, Asturias y Cataluña han llevado esta norma al alto tribunal, por entender entre otros motivos que el impuesto estatal va en contra de la competencia autonómica y busca limitar la autonomía financiera de los gobiernos regionales. Los recursos están admitidos a trámite y pendientes de resolución.