Subdelegado del Gobierno en Málaga que el caso de Almogía no es corrupción y se investiga el incumplimiento de la ley

Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 23 octubre 2009 15:51

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, afirmó hoy que lo sucedido en el municipio malagueño de Almogía, donde la Guardia Civil investiga presuntas irregularidades urbanísticas, no es un caso de corrupción urbanística "como se entiende vulgarmente" si no que se está indagando sobre un "incumplimiento de la legislación del suelo y de urbanismo".

"Por lo que sé detrás no hay nada raro de que los responsables municipales y los funcionarios se hayan lucrado por un posible incumplimiento de la ley", manifestó a los periodistas, y añadió que corrupción urbanística la hubo en la localidad malagueña de Alcaucín y la hay, dijo, en El Ejido (Almería).

Está previsto que por este caso comparezcan ante los investigadores al menos una veintena de personas. En este sentido, López Luna indicó que todos los que están pasando, requeridos por la Guardia Civil, "están quedando en libertad con cargos", y añadió que cuando los agentes de la Benemérita concluyan sus diligencias será un juez el que se haga cargo "y lógicamente llamará a declarar a los posibles imputados y tomará decisiones".

Cuestionado por el perjuicio que operaciones como ésta pueden causar en la imagen existente, señaló que considera que el 99 por ciento de los políticos de España "somos gente honrada". "Lo peor que puede ocurrir es que haya un cargo público que se lucre por una actividad ilegal, porque eso desprestigia a toda la clase política", aseveró, y añadió que hay "casos excepcionales como en todos los colectivos" y reivindicó la "honorabilidad" de los cargos políticos.

También se refirió a una posible dimisión del alcalde de Almogía (Málaga), Cristóbal Torreblanca (PSOE), que anoche quedó en libertad con cargos tras declarar ante la Guardia Civil durante un par de horas por presuntas irregularidades urbanísticas en la localidad. Así, precisó que será el también diputado provincial y el partido los que tengan que opinar. No obstante, aclaró que "la imputación formal la hace un juez".

A Torreblanca se le investiga por los presuntos delitos de prevaricación urbanística con relación a órdenes de paralización y concesiones, y falsedad documental.

La Guardia Civil inició esta investigación por un presunto delito de prevaricación, aunque también investiga la existencia o no de otros como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas, lo que pretenden comprobar con la documentación intervenida y las declaraciones.

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