MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ve "innecesarias" las medidas previstas por el Gobierno en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y cree que únicamente tienen el objetivo de proteger a los políticos. Sin embargo, la Confederación Española de Policía (CEP) sí considera "oportunas y de sentido común" las medidas.
En declaraciones a Europa Press, el secretario de Comunicación del SUP, José María Benito, ha negado que la nueva ley que el Ejecutivo prevé aprobar el viernes vaya a mejorar la protección a los policías, ya que las agresiones o amenazas a los agentes ya estaban penadas en el Código Penal y la Ley reguladora del derecho de reunión y manifestación.
"Es verdad que hay un problema en la aplicación de la ley, pero eso no lo va a resolver la Ley de Seguridad Ciudadana", ha defendido Benito, quien ha recordado que el Código Penal contempla incluso penas de prisión para algunas de las conductas ahora incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana.
A su juicio, "bajo la apariencia de proteger a los policías", el Gobierno sólo quiere proteger a "la casta política" y evitar los 'escraches' en sus domicilios o las manifestaciones frente al Congreso de los Diputados.
Según ha recordado, celebrar una manifestación no comunicada ya está sancionado, igual que asistir encapuchado o con objetivos contundentes a una protesta. "Sólo se busca criminalizar y sancionar esta actividad", ha denunciado.
INICIATIVA DE SENTIDO COMÚN
No comparte la misma idea el secretario general de la CEP, Ignacio López, quien cree que se trata de una modificación "oportuna, de sentido común, demandada por amplios sectores de la sociedad y sectores profesionales".
A su juicio, el anteproyecto busca regular las nuevas formas de alteración del orden público que han eclosionado durante los últimos años, así como adecuar la realidad del orden público a la nueva modificación del Código Penal.
En ambos casos, ha insistido en que es una iniciativa "muy correcta" que había que poner en marcha. "Que se proteja a la policía es de sentido común y absolutamente necesario", ha enfatizado sobre algunas de las medidas, como la que plantea sancionar con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A su juicio, el tratamiento actual, lejos de disuadir esas acciones, "animaba" a cometerlos, porque estaban contemplados como faltas en el Código Penal con multas de entre 30 y 50 euros.
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