Publicado 03/12/2020 11:10CET

El Supremo da por recibida la querella de Villarejo contra Iglesias y designa como ponente a Andrés Martínez Arrieta

El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias
El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias - Ricardo Rubio - Europa Press

En una providencia pide al Ministerio Fiscal que informe sobre la competencia del tribunal y sobre si procede su admisión

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala Segunda del Tribunal Supremo da por recibida la querella presentada por el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y designa como magistrado ponente para conocer de la causa a Andrés Martínez Arrieta.

En una providencia de la Sala de los Penal, a la que ha tenido acceso Europa Press, se acuerda además trasladar estas actuaciones al Ministerio Fiscal para que informe sobre si es competente y sobre si procede la admisión de la querella, que no se queda sólo en Iglesias sino que se extiende a la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, a la exasesora de Podemos Dina Bousselham y a la abogada del partido 'morado' Marta Flor por un
presunto delito de acusación y denuncia falsa.

La querella del comisario, de más de 100 páginas, fue interpuesta a finales de octubre y en ella la defensa señalaba que los querellados imputaron a su patrocinado "hechos inciertos con conocimiento de su falsedad y con temerario desprecio hacia la verdad", y vinculaba esta maniobra del entorno de Podemos con las elecciones generales de abril de 2019.

Se refería así a los movimientos del partido de Iglesias en el marco de la instrucción de la pieza relativa al robo del móvil de Bousselham y el posterior uso que se dio al contenido de la tarjeta SD del mismo. Pieza separada de la macrocausa Tándem que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6.

En este sentido, en la querella se explicaba que a pesar de que se tenía conocimiento de lo incautado en el domicilio de Villarejo desde el registro de noviembre de 2017, "resulta muy sorprendente" que determinadas piezas --del caso 'Tándem'-- se incoaran desde mediados de 2018" mientras que la número 7, relacionada con el robo del móvil, no arrancara con citaciones hasta marzo de 2019. Y eso a pesar de que a finales de 2018 ya se había citado a la exasesora en dependencias policiales.

LA QUERELLA SE APOYA EN LA EXPOSICIÓN RAZONADA

Cabe recordar que el juez instructor de la pieza 'Dina', Manuel García-Castellón elevó exposición razonada al Tribunal Supremo para solicitar que investigara al líder 'morado' por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos --con agravante de género--, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

La defensa del comisario se aferra en su escrito a esa exposición razonada del magistrado --la Sala no se ha pronunciado aún sobre la misma--, y de hecho repite parte del mismo haciendo hincapié en que Iglesias vio en la aparición de parte del material del teléfono de Bousselham en casa de Villarejo "una oportunidad para lograr rédito electoral, aparentando ser víctima" y por lo tanto ordena "a sabiendas de su falsedad" que se redacte denuncia en la que se simule la conexión entre el robo del terminal y la publicación en medios de datos.

Tras recordar que el argumento sostenido por el juez encuentra base sólida también en lo declarado por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, quien en calidad de testigo afirmó que el caso 'Dina' fue un montaje de la cúpula de Podemos, la defensa de Villarejo califica el delito que, a su juicio, habrían cometido Iglesias, Elizo, Flor y Bousselham.

DE SEIS MESES A DOS AÑOS

Y advierte de que el delito de acusación y denuncia falsa está castigado con una pena de prisión que va de los seis meses a los dos años y una multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave. Añade que en este caso se trata de un delito pluriofensivo pues protege "tanto el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia como el honor de la persona a la que se imputan los hechos falsos".

En la querella, la defensa de Villarejo recuerda que son autores de este delito Iglesias y Bousselham, y en concepto de autoras como cooperadoras necesarias Marta Flor y Gloria Elizo, esta última también en concepto de inductora.

Por eso pide al Supremo que cite a declarar a los cuatro y que se añadan a la causa tanto las grabaciones de las declaraciones en el Juzgado Central de Instrucción número 6 del secretario general de Podemos, de la exasesora y de Calvente, como los chats internos de la formación morada aportados por este último al juzgado de instrucción número 32 de Madrid. También solicita la testifical de Calvente.

Por otro lado, en el escrito pedía que se aportara en relación a un recurso de casación presentado por Iglesias en 2019 en el Supremo el testimonio de los escritos de suspensión de la tramitación del recurso presentados por su representación. Villarejo solicita esto pues la paralización de ese proceso en el Supremo sería a su juicio uno de los motivos para impulsar las acciones en la Audiencia Nacional.

EL CAMINO DE LA EXPOSICIÓN RAZONADA

Sobre la exposición razonada de García-Castellón, cabe recordar que la Fiscalía del Tribunal Supremo presentó a principios de noviembre un informe contrario a abrir causa penal, por el momento a Iglesias en el marco de la pieza 'Dina'. En el mismo pedía al alto tribunal que devolviera la causa al instructor para que realizara nuevas diligencias que consideran imprescindibles para que se pueda tomar una decisión sobre este asunto.

El Ministerio Público considera eso sí que existen "indicios sólidos" de que Iglesias haya podido cometer un delito de revelación de secretos con el uso de los archivos almacenados en la tarjeta de memoria del móvil de la que fuera su asesora, pero añade que para poder investigar estos hechos es necesario que haya denuncia de la perjudicada. Asimismo, considera que también es necesario seguir recabando pruebas sobre cómo dicho dispositivo de almacenaje dejó de funcionar cuando le fue devuelto a Bousselham.

Tras la presentación de ese informe, ahora es la Sala de lo Penal del Supremo quien debe decidir si procede abrir causa o no contra Iglesias. Por el momento, la Sala ha designado ponente de la decisión que se adopte al magistrado Andrés Palomo del Arco.

Su propuesta tendrá que ser refrendada por una mayoría del resto de la Sala, que está formada por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres.