La Fiscalía pide seis meses de prisión y seis de inhabilitación para la diputada de la CUP
MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo juzgará este martes y miércoles a la diputada del Parlament de Cataluña y portavoz de la CUP Eulalia Reguant por haber cometido un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad durante el juicio del 'procés', cuando se negó a responder en calidad de testigo a las preguntas de Vox, que ejercía la acusación popular en la causa. La Fiscalía pide para ella seis meses de prisión y seis meses de inhabilitación.
En un auto de 19 de enero, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal declaró pertinentes las pruebas propuestas tanto por la Fiscalía como por la defensa, que incluyen en ambos casos el interrogatorio de Reguant, quien podrá declarar en catalán como ella misma ha interesado. Respecto a las cuestiones previas planteadas por la defensa, los magistrados indicaron que darán respuesta al inicio del juicio.
Está previsto que la primera sesión se celebre este martes, a las 10.30 horas. Sus compañeros de partido ya han anunciado que acudirán a las puertas del Supremo desde las 9.00 horas para mostrar su apoyo a Reguant. Según han indicado, ofrecerán declaraciones Xavier Pellicer (CUP), Xavier Antich (mnium), Josep Pags (Junts) y Marta Vilalta (ERC).
El Supremo juzgará a Reguant después de que un juzgado madrileño elevara su exposición razonada al Alto Tribunal al considerar que carecía de competencias para juzgar la actuación de Reguant, que goza de aforo en su condición de diputada del Parlament.
EL JUICIO DEL 'PROCÉS'
La instructora defendió que el Supremo era el órgano competente según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece que en las causas contra los diputados fuera del territorio autonómico "la responsabilidad penal es exigible (...) ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".
Los hechos por los que se juzgará a Reguant tuvieron lugar en Madrid en febrero de 2019, durante el juicio a los líderes independentistas por el referéndum ilegal del 1-O. En aquella ocasión, los magistrados del 'procés' acordaron una sanción de 2.500 euros para Reguant --entonces concejala de la CUP-- por negarse a responder a las preguntas de la acusación popular ejercida por Vox, algo que es de obligado cumplimiento para los testigos, quienes deben responder con la verdad a todo lo que se les pregunte.
Un año después, en febrero de 2020, la dirigente de la CUP compareció ante la titular del juzgado madrileño. La declaración duró unos 25 minutos. Según manifestó a la salida del interrogatorio, "asumía las consecuencias pero poniendo encima de la mesa que un partido de extrema derecha condicionaba todo el procedimiento judicial".
REGUANT SE REARFIMÓ EN SU DECISIÓN
El pasado octubre, cuando se dio a conocer que el juzgado madrileño había enviado la causa al Supremo, la diputada reafirmó en su cuenta de Twitter su decisión de "no contestar a la extrema derecha" en el juicio del 'procés'.
Insistió en que era "aberrante que se conserve entre los que preguntan y acusan a una organización que tiene como objetivo la negación de derechos fundamentales". Y defendió "el derecho a desafiar la ley y a las autoridades establecidas" al considerar que "el fascismo no puede tener cabida en una sociedad que se pretende justa".
