TC estudia la legalidad de la detención uno de los implicados en la Púnica

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha reclamado a la Audiencia Nacional toda la documentación que sustentó la detención el pasado 30 de octubre de uno de los implicados en la denominada 'Operación Púnica', el director comercial de Cofely, Pedro García Pérez, antes de resolver sobre la admisión del recurso que éste ha presentado por considerar que su retención policial fue inconstitucional al superar las 72 horas que marca la ley.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes del alto tribunal que han explicado que esta petición, realizada por la Sala Segunda del Tribunal de garantías, se regula en el artículo 88 del de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), con el fin de facilitar a los magistrados el soporte documental necesario para valorar la reclamación del solicitante de amparo.

En dicho artículo se señala que el TC podrá recabar de los los órganos de cualquier Administración Pública, en este caso la Audiencia Nacional "la remisión del expediente y de los informes y documentos relativos a la disposición o acto origen del proceso constitucional", antes e incluso después de haber admitido a trámite el recurso en cuestión.

La petición de amparo de García Pérez se produce después de que el pasado 16 de diciembre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara mantener la situación de prisión provisional del directivo al considerar que sus "importantes vínculos en el extranjero" podrían facilitar su "huida del territorio nacional".

Los magistrados de la Audiencia nacional también avalaron la legalidad de la detención de García Pérez al considerar que, aunque el plazo de puesta a disposición judicial superó las 72 horas establecidas por la ley, el arresto de García Pérez fue ordenado por la Guardia Civil y después ampliado por el propio juez, que únicamente ordenó la entrada y registro de sus domicilios, y que por ello fue legal.

Según el instructor de la operación "Púnica", Eloy Velasco, García Pérez es el principal "interlocutor y articulador de la red de tráfico de influencias y de pago de cohechos de la que se sirve la empresa para lograr la adjudicación de contratos públicos millonarios en diversas administraciones públicas".