MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad admitir a trámite el recurso de amparo del exconsejero catalán Josep Rull, condenado a 10 años y medio de prisión e inhabilitación por el delito de sedición por el proceso independentista en Cataluña, contra los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados, que entre otras cosas, autorizaban dejar de abonar el salario por su condición de diputado tras ser suspendido de sus funciones y cargos públicos.
Rull considera que los acuerdos del 24 de mayo, 5 de junio y 25 de julio de 2019 han podido vulnerar su derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes, recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española; y a la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 14 de la Carta Magna.
El Constitucional ya admitió a principios del pasado mes de mayo un recurso del también exconsejero catalán Jordi Turull, condenado a 12 años de cárcel por sedición, sobre el mismo asunto.
El tribunal de garantías aprecia que en el recurso concurre una "especial trascendencia constitucional" porque plantea "un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal". Añade que el asunto suscitado "trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales".
Por ello, el Pleno pide al Congreso de los Diputados que remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los acuerdos de la Mesa de 25 de julio, 5 de junio y 24 de mayo de 2019.
El acuerdo de la Mesa del Congreso de 24 de mayo del año pasado es por el que se acordó suspender como diputados a los entonces cuatro presos preventivos por el 'procés' que obtuvieron escaño en las elecciones del 28 de abril de 2019 --Oriol Junqueras, Jordi Snchez, Jordi Turull y Josep Rull--, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Por este motivo, la Mesa acordó en posteriores reuniones no autorizar el abono de las percepciones económicas propia de su condición de diputado, tras la petición Vox, que fue defendida también por Ciudadanos y el PP.
Así, tras las conclusiones de un informe jurídico redactado por los letrados del Congreso sobre los efectos de la suspensión de los cuatro diputados, que señalaban que el Congreso tiene la facultad de decidir si por la suspensión no percibían esa retribución, la Mesa acordó que los líderes independentistas entonces en prisión provisional no cobraran ni un día de sueldo de la institución.
