MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un total de 25 afganos que han trabajado para las Fuerzas Armadas españolas así como personal de la administración local y empresarios del país asiático han solicitado asilo, traslado de destino o ayuda económica al Gobierno español porque consideran estar en situación de riesgo en su país una vez ha concluido el repliegue del personal de la provincia de Badghis.
Según datos facilitados por el Ministerio de Defensa, recogidos por Europa Press, en respuesta a una pregunta formulada hace dos meses por UPyD, "hasta el momento el personal afgano que ha solicitado acogerse a alguna de las medidas" dentro del programa para la "reintegración" es de 25.
Concretamente, el diputado del partido magenta Carlos Martínez Gorriarán quería saber "qué ha hecho el Gobierno para prevenir o impedir que los traductores al servicio de España sufran amenazas o agresiones como consecuencia de su trabajo tras la retirada de las tropas españolas".
También preguntó si piensa el Ejecutivo "conceder el asilo, refugio o algún tipo de protección internacional a los traductores afganos despedidos tras la retirada de las tropas españolas en Badghis" y, en caso negativo, "cuáles son los motivos".
En la cifra de 25 afganos facilitada por el Gobierno se incluyen tanto personas que trabajaban para las Fuerzas Armadas españolas como personal de la administración local y empresarios de la zona que se sienten amenazados ante el repliegue del contingente español.
PROGRAMA PARA LA REINTEGRACIÓN
Ante la retirada de las tropas de Badghis, provincia en la que las Fuerzas Armadas han desarrollado una misión de formación de las fuerzas afganas y reconstrucción de nueve años, el Gobierno explica que "se elaboró un programa de actuaciones para facilitar la reintegración del personal, en los entornos que ellos eligieran y en condiciones de seguridad".
El programa contempla varias posibilidades para las personas a las que se dirige, como son ayudas económicas, traslados a otras regiones de Afganistán y países limítrofes y, en último caso, la posibilidad de autorización de residencia en España.
A fecha 12 de noviembre, casi dos meses después de que saliera de Badghis el último convoy español, el Ejecutivo asegura en su respuesta a UPyD que este procedimiento "continúa abierto" y que "se seguirán estudiando nuevos casos o revisando los actuales".