Touriño proclama que la figura alcalde-promotor "pasó a la historia" y subraya que "sólo basta que el PP se sume"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, retomó hoy en el Parlamento su apuesta por un pacto para erradicar la figura del alcalde-promotor y declaró que, "con el cambio, la conciliación" de las responsabilidades municipales con las actividades inmobiliarias "pasó a la historia de este país". "Sólo basta que el PP se sume", aseveró.

En respuesta al portavoz de su Grupo Parlamentario, Ismael Rego, en la sesión de control al Gobierno, Touriño aseguró que las fuerzas que apoyan al bipartito garantizarán que "se acabe la historia" de combinar el bastón de mando con el sector de la construcción.

"No habrá más alcaldes-promotores, ni ahora ni después", insistió un día después de que el PP denunciase que el candidato socialista a la Alcaldía de Bande es promotor inmobiliario y que el PSdeG asegurase que este cabeza de cartel renunciará a su actividad inmobiliaria en el municipio ourensano si gana las elecciones del 27 de mayo.

De igual modo, el mandatario lamentó que "la historia de este país" revele el incumplimiento de la legalidad en materia urbanística y, por ello, recalcó que su Gobierno está "comprometido" con este objetivo y añadió que espera lograrlo "con la colaboración de los ayuntamientos y de la totalidad de las fuerzas políticas".

En este sentido, subrayó que en el ámbito urbanístico "no todo vale", puesto que la liberación de suelo y la permisividad a que sea urbanizable en su totalidad conduce, en su opinión, a convertir la vivienda en "inaccesible para una inmensa mayoría" y a la "desprotección del país".

POLÍTICA DEL "TODO VALE"

En consecuencia, declaró que el bipartito "impulsa una política de dejar a un lado el todo vale" para, a partir del "apoyo de los ayuntamientos", apuntalar el "compromiso permanente de conseguir para el país la protección que garantice un territorio cohesionado".

Para ello, asumió la necesidad de ofrecer a los municipios la posibilidad de adaptar sus planeamientos a la ley, puesto que tan sólo 14 de los 315 los han adecuado, pese a que el plazo máximo expiró el 1 de enero de 2006.

Así, aludió a las ayudas de 39 millones para que ningún ayuntamiento quede sin elaborar sus planes por falta de recursos, así como a otras iniciativas para "incentivarlos", como la posibilidad de contar con la cartografía, según él, una "medida decisiva" puesto que esta documentación suponía la "primera barrera".