Una treintena de ayuntamientos del PP remiten al Senado sus iniciativas rechazando la amnistía

Archivo - El presidente del PP de Barcelona, Manu Reyes (i), el alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida (2i), y el presidente del PP en la Diputación de Barcelona, Xavier García Albiol (2d), durante la mesa ‘Elecciones municipales 2023. Preparados’
Archivo - El presidente del PP de Barcelona, Manu Reyes (i), el alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida (2i), y el presidente del PP en la Diputación de Barcelona, Xavier García Albiol (2d), durante la mesa ‘Elecciones municipales 2023. Preparados’ - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo
Publicado: miércoles, 18 octubre 2023 13:47

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de una treintena de ayuntamientos, diputaciones provinciales y comarcas gobernadas por el PP han remitido al Senado sus iniciativas rechazando la tramitación de una ley de amnistía o "cualquier proyecto" que trate de "romper la igualdad" o de reconocer "privilegios" a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España.

Los ayuntamientos de Madrid, Granada, Alicante, Badalona o la Diputación de Valencia, entre otros, son algunas de las 31 instituciones que han enviado a la Cámara Alta el acuerdo adoptado en sus plenos de rechazo a la hipotética medida de gracia que el PSOE estaría negociando con los partidos independentistas para lograr su apoyo de cara a la investidura de Pedro Sánchez.

Según los escritos dirigidos al Senado, a los que ha tenido acceso Europa Press, el PP censura "cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español cualquiera que sea su delito".

Además, anima a los dos partidos mayoritarios "a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral".

"DESESPERACIÓN" DE SÁNCHEZ POR RETENER LA PRESIDENCIA

En la exposición de motivos de esa moción, los 'populares' señalan que "no es la primera vez que se plantea esta cuestión" y que tanto Pedro Sánchez como otros ministros juristas de su Gobierno como Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo afirmaron en el pasado "la inconstitucionalidad de una posible amnistía".

"Los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno se ha abierto a que se pueda tramitar una proposición de ley", algo que, a su juicio, además de "suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se utiliza un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado".

En algunos ayuntamientos también se ha aprobado una segunda moción en la que piden expresamente que se rechace "cualquier proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España y que atente a lo dispuesto por la Constitución española".

Además, proponen "un gran acuerdo nacional que afronte los principales desafíos" que tiene España: la regeneración institucional, el Estado de Bienestar, los fundamentos de la economía, un pacto por las familias, un pacto por el agua y un pacto territorial.

JUNTS Y ERC REMITEN UN MANIFIESTO POR LA AMNISTÍA

Por otra parte, ERC y Junts han remitido al Senado a través del Ayuntamiento de Breda, en Girona, un manifiesto de "acuerdo social por la amnistía y la autodeterminación", entendidas ambas como "una solución" para las personas "exiliadas, encausadas y represaliadas", y como una necesidad de respeto al "ejercicio de la libre determinación" de la sociedad catalana.

Según explican, en la última década, "la sociedad catalana ha protagonizado un largo proceso democrático, con una movilización persistente y singular, para decidir libre y pacíficamente su presente y su futuro", poniendo como ejemplo la consulta del 9N al referéndum del 1-0.

En el quinto aniversario "de un cambio de ciclo marcado por una larga represión que todavía no ha terminado", ambas formaciones recuerdan que "más de 800 personas con causa judicial abierta" perviven "en el exilio" y que, "a raíz de aquellos hechos", más de 2.562 personas han estado investigadas.

Por ello, remiten a la Cámara Alta el acuerdo para la "construcción de un marco democrático de resolución" a través de una ley de amnistía, ya que "difícilmente habrá alternativa democrática" si no se resuelven "las consecuencias del conflicto ni se abordan las raíces del mismo".

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