GIJÓN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía redujo de 13 años y medio de cárcel a 6 años el total de condena que solicitaba para tres responsables de una academia acusados de estafar a 47 alumnos, a los que cobraron los cursos por adelantado o a través de un préstamos bancario pese a saber que no iban a poder realizarse por la quiebra de la empresa, confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El Ministerio Público llegó a un acuerdo de conformidad con los tres imputados, alcanzado antes de celebrar el juicio en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, por el que también se reduce la multa solicitada para cada uno, de 2.160 euros -12 meses con cuota diaria de seis euros-- a 540 -seis meses con cuota diaria de tres euros--.
Además, los tres acusados deberán hacer frente al pago, cada uno de ellos, de un tercio del dinero estafado, cuya cuantía se determinará en la ejecución de la sentencia. No obstante, uno de los imputados sólo abonará la parte que le corresponde de las indemnizaciones correspondientes a los cursos contratados hasta febrero de 2003, fecha en la que abandonó la empresa.
Según el relato fiscal, la academia se creó en 2001 como un centro de formación para la preparación de cursos y oposiciones, cuya ubicación era la calle de Alonso Quintanilla, en el barrio gijonés de La Calzada. El cese del negocio se produjo el 19 de septiembre de 2003.
Asimismo, señala la Fiscalía que los acusados publicitaban los cursos en anuncios insertados en prensa, en los que se ofertaba prácticas en empresas retribuidas e inclusión en una bolsa de empleo inmediata. Una vez que los interesados contactaban con la academia, mantenían una entrevista personal durante la cual los implicados, de forma verbal, reiteraban la oferta hecha en el anuncio.
Ante dicha promesa verbal, los alumnos firmaban el contrato del curso, para lo que en ocasiones suscribían un préstamo. Además, la Fiscalía incide en que los acusados, para confundir a los alumnos y que se confiaran, decían que algunos cursos estaban subvencionados por el Principado y entregaban tarjetas en las que figuraba el membrete del Centro Municipal de Empresas de Gijón, con quien sólo tenían relación como arrendatarios de un local.
De hecho, el citado local lo dejaron a finales de 2002 por el impago del alquiler, que era de 282 euros, motivo por el que se incoó un procedimiento ordinario en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gijón, donde se les reclamaba el pago de 3.191.78 euros.
Por otro lado, los acusados contaban sólo con dos profesores para impartir la totalidad de los cursos, que eran de temática variada: auxiliar de farmacia, de educación infantil, geriatría, guarda forestal, operador informático de aeropuertos y otros. Estos cursos se abonaban por adelantado, por importe en su mayoría de 1.350 euros, o mediante préstamos solicitados a una entidad financiera indicada por la academia.
Además, tras renunciar la empresa que le llevaba la contabilidad en 2002 por impago, no figuran datos contables. A finales de 2002 la empresa ya no tenía liquidez y se mantenía con el dinero que iba recibiendo de los cursos. Según la Fiscalía, los acusados no tuvieron "reparos" en seguir contratando cursos pese a la situación de quiebra técnica, "burlando" con ello la esperanza de quien buscaba conseguir un puesto de trabajo.
