El tribunal aplaza hasta abril el juicio contra tres acusados por 'kale borroka' al no comparecer varios ertzainas

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó hoy aplazar hasta el próximo 10 de abril por la incomparecencia de varios ertzainas el juicio que tenía previsto celebrar contra tres jóvenes acusados de participar en distintos actos de 'kale borroka' en 2002 en San Sebastián. La Fiscalía pide para ellos 3 años de prisión por un delito de daños terroristas cometido por medio de incendio.

El presidente del tribunal, Fernando García Nicolás, tomó esta decisión a petición del fiscal Juan Moral, quien consideró fundamental el testimonio de los funcionarios de la Policía Autónoma Vasca para acreditar la participación de Igor Álvarez Zubeldia, Aritz Lasa Mendiaraz e Idoia Lauburu Lejarreta en un ataque perpetrado el 6 de febrero de 2002 contra los cajeros autonómaticos de una sucursal de la Kutxa situada en la Avenida de Madrid de San Sebastián.

El fiscal Moral puso de relieve a la Sala la importancia de la naturaleza los hechos enjuiciados, al entender que detrás podría estar tanto el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) como la organización juvenil Segi, considerada un apéndice de la organización terrorista ETA por el Tribunal Supremo. El abogado Iñigo Iruin, que defiende a Lauburu Lejarreta, se opuso a los argumentos esgrimidos por el fiscal, al entender que basta con el testimonio de un ertzaina para acreditar los hechos. Las defensa de Álvarez Zubeldia y Lasa Mendiaraz se adhirieron a la oposición de Iruin de suspender la vista oral.

COMBUSTIBLE INFLAMABLE.

El representante del Ministerio Público acusa a los jóvenes en su escrito de acusación de rociar los cajeros con líquido combustible inflamable y prenderles fuego, si bien debido a la hora en la que se produjeron los hechos no existió riesgo para la vida e integridad física de las personas.

Los tres acusados causaron desperfectos tasados en 41.399,19 euros y se les acusa de un delito de daños terroristas cometido por medio de incendio, por el que se solicita para cada uno de ellos una pena de tres años de cárcel e inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.