MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Tribuna de Cuentas, María José de la Fuente, ha presentado ante el Congreso de los Diputados el informe de esta entidad en el que detectó falta de control en el reparto de los Fondos de Financiación para Cataluña en los ejercicios 2015 y 2016, entre ellos el conocido Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y recomienda al Gobierno más regulación, así como un análisis de su eficacia para prolongarlos o rectificar su funcionamiento.
De la Fuente ha presentado en el Congreso de los Diputados el trabajo sobre ambos ejercicios, aprobado el pasado mes de enero por el Tribunal de Cuentas, relativo a los fondos distribuidos por el Estado entre las autonomías en 2015 (37.780 millones) y 2016 (31.184 millones en total) para permitirles cubrir el déficit y pagar facturas, y al tener la mayoría de ellas cerrado el acceso a los mercados para financiarse por sí solas.
En general, y según el Tribunal de Cuentas, los fondos se distribuyeron sin desarrollo reglamentario ni manuales internos que hubieran sido necesarios "para el control", y faltó "seguridad, integridad y trazabilidad en el tratamiento y explotación de las bases de datos".
El Tribunal dedica una parte de su trabajo a Cataluña porque el Gobierno aprobó en 2015 medidas especiales para garantizar que la Generalitat destinaba estos fondos a pagar facturas de servicios públicos fundamentales. En 2015, esta comunidad autónoma recibió a través de estos fondos en total 11.689 millones y en 2016, 10.069 millones de euros.
Ante el proceso independentista, el ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro trataba de asegurar que el dinero iba destinado a abonar gastos en educación, sanidad y servicios sociales en Cataluña, aunque se podía usar para otras finalidades con autorización de Hacienda.
Se explica sin embargo que al margen de estos servicios esenciales, en diciembre de 2015 se incluyeron gastos corrientes por 279,5 millones de euros y gastos por 375,9 millones en otras políticas como Justicia, Seguridad y protección civil y transporte. En 2016, se destinaron a gastos corrientes 149,4 millones y a Justicia, Seguridad y protección civil, otros 176,8 millones de euros.
FALTA DE FACTURAS
En el trabajo se añade también que se pagaron 270 millones a una entidad privada dedicada a las telecomunicaciones sin que se aportaran sin embargo un 31 por ciento de las facturas abonadas (se presentó el otro 69%) y sin estar prevista la naturaleza del gasto. De la Fuente ha explicado que no se aporta el nombre de la entidad porque es una empresa privada que cobraba por un servicio y que no era objeto de fiscalización.
También se explica que las certificaciones que tenía que enviar la Generalitat de Cataluña contenían "carencias", faltas de información y de una relación completa de las entidades. Y las certificaciones posteriores enviadas durante el periodo de fiscalización "repetían la mayor parte de los errores detectados", agrega este órgano.
La presidenta del Tribunal ha asegurado que el trabajo se limita a poner de manifiesto estas incidencias, pero que "no entra en decisiones que van más allá": por qué se abonaron gastos sin facturas o si hubo trato de favor para Cataluña.
OTRAS DEFICIENCIAS
El informe explica otras deficiencias en la gestión de los Fondos de Financiación en general y no referidos sólo a Cataluña, como que se aportaron más fondos de los que finalmente fueron necesarios: las aportaciones desembolsadas superaron a las operaciones firmadas con las autonomías en 927,9 millones en 2015, y en 549,6 millones de euros en 2016.
También se indica que las aportaciones a las comunidades excedieron finalmente el déficit que registraron. El exceso de financiación en 2016 fue de 297,9 millones de euros.
A ello se suma que será "desigual" según el Tribunal de Cuentas el esfuerzo que realizarán unas comunidades y otras para devolver la financiación. Apunta como ejemplo la Comunidad Valenciana, que destinará durante cuatro ejercicios el 25 por ciento del total de sus ingresos a este fin, incluidos los derivados de la refinanciación prevista.
También fue en esos años desigual el reparto de ahorros que consiguieron las comunidades adheridas a estos fondos. El informe señala que existe una concentración de los beneficios en las autonomías más endeudadas: sólo Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana absorbieron el 75 por ciento del total de ahorros, tanto por los menores intereses como de otro tipo.
El tribunal fiscalizador añade que tampoco fue riguroso el cálculo de cuánto debía pagarse al Instituto de Crédito Oficial (ICO) por los costes al ser el gestor de estos fondos; según el informe, la compensación se ha cifrado en 25 millones de euros pero se realizó "a tanto alzado, sin atender a los costes reales".
