Tribunal de Cuentas señala el agujero de la legislación que facilita que el Supremo anule sus multas a partidos

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal de Cuentas ha vuelto a denunciar ante el Congreso y el Senado que existe un problema en la legislación que está propiciando que el Tribunal Supremo esté anulando sanciones impuestas por el fiscalizador por incumplir la ley en materia de financiación de partidos, como ha ocurrido en varias ocasiones con Vox.

El último caso ha sido la sentencia del Supremo que ha anulado, por carecer de base probatoria, una sanción de 862.496 euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Vox por los ingresos obtenidos por productos de 'merchandising' entre 2018 y 2020 y que el organismo fiscalizador consideró donaciones sin identificar que vulneran la Ley de Financiación de los Partidos Políticos.

Aprovechando la comparecencia de Chicano en el Congreso para presentar la fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2024, el tesorero de Vox, el diputado de Pablo Sáez, se ha felicitado por la sentencia del Supremo ante una multa que considera "injusta".

VOX: SANCIÓN INJUSTA Y ARBITRARIA

Y en paralelo, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, aseguraba en rueda de prensa que la sanción fue una "decisión arbitraria" que sólo respondía a "los intereses políticos" del presidente Pedro Sánchez y "su banda". "Vox decía la verdad y todo consistía en una maniobra política de un Gobierno mafioso para tratar de desacreditar a la única alternativa posible", ha proclamado.

Ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado), la presidenta del Tribunal Cuentas ha dicho alegrarse de que Vox no tenga que pagar esos más de 840.000 euros pero ha replicado que la sentencia reprende al partido de santiago Abascal porque su forma de contabilizar sus actividades "está muy lejos del rigor y la transparencia".

A su juicio, el Supremo señala que "ninguna de las partes tiene razón" y la prueba es que ni Vox ni el fiscalizador han sido condenados a pagar las costas del pleito.

APLICACIÓN "VOLUNTARISTA" DEL RÉGIMEN SANCIONADOR

El Tribunal de Cuentas cuenta con capacidad sancionadora en la Ley de Financiación de Partidos Políticos en función de la infracción cometida, pero no parece estar suficientemente desarrollado y, según ha admitido Chicano, "quizá" el fiscalizador está haciendo una "aplicación voluntarista" de ese régimen sancionador.

Hay un problema en la legislación en vigor, como viene denunciando desde hace años el fiscalizador en sus informes sobre partidos políticos sin que las Cortes, que son las encargadas de legislar, lo hayan resuelto. "La legislación no se corresponde con la posibilidad que tenemos de sancionar. Llevo cuatro años diciendo que se unifique la legislación", se lamenta Chicano.