HUELVA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La defensa de los imputados por un presunto delito de racismo contra la comunidad gitana de Cortegana (Huelva), entre los que se encuentra el alcalde de la localidad, Antonio Marín (IU), ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación para que la Audiencia de Huelva valore el auto de imputación del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Aracena.
En declaraciones a Europa Press, el abogado que defiende a la comunidad gitana de Cortegana, Diego Luis Fernández, explicó que el juzgado de Aracena "deberá repetir el auto y la Audiencia se pronunciará, pero sólo para valorar si existen criterios de criminalidad en la calificación del juzgado".
En este sentido, confió en que el juzgado de Aracena "se ratifique en su estimación de que hay indicios de criminalidad y siga el procedimiento entendiendo que hay un posible delito de racismo", aunque apuntó que la defensa de los imputados "entiende que no y pide que se archive el caso".
No obstante, argumentó su oposición a este recurso asegurando que "hay pruebas en la instrucción de testigos, videos y la declaración contundente de la Guardia Civil que han hecho que el Juzgado de Aracena haya encontrado indicios de delito, aunque otra cosa es que después en el juicio se describan pormenorizadamente" y confió en que la Audiencia también valore estos indicios de criminalidad".
Según apuntó, una vez que la Audiencia se pronuncie sobre este aspecto, el caso volverá al Juzgado de Aracena, ante el que las partes deberán presentar sus escritos de acusación o defensa antes de que vuelva a la Audiencia Provincial, que, a su juicio, es el órgano "competente para el juicio oral de este caso en primera instancia", aunque reconoció que el Juzgado de Aracena "puede entender que lo sea el Juzgado de lo Penal de Huelva".
Diego Luis Fernández apuntó, por otra parte, que el caso de Aracena se ha conocido en el ámbito de la comisión europea de las minorías nacionales y en el Foro Europeo del Pueblo Rom "como un caso típico de racismo que ha contado con una instrucción correcta" y consideró que el caso de Cortegana "debe tener una respuesta penal adecuada".
ACUSACION
Y es que el juzgado de Primera Instancia e instrucción número 2 de Aracena ha imputado inicialmente a 16 personas, entre ellas el alcalde de Cortegana, por los sucesos derivados de la manifestación celebrada el 16 de enero de 2005 contra la comunidad gitana del barrio Las Eritas de la localidad.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se le imputa inicialmente al alcalde un presunto delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, tipificado por el artículo 514.1 del Código Penal, que "incluye a los promotores de manifestaciones ilícitas celebradas con el fin de cometer algún delito o que concurran personas con armas y a los que convocan manifestaciones previamente suspendidas o prohibidas que pretendan subvenir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública".
En este sentido, el auto especifica que los indicios de criminalidad "derivan del reconocimiento de su participación parcial en la convocatoria y preparación de la manifestación, así como de la acreditación documental de la falta de adopción de medidas específicas de cualquier tipo para evitar que la manifestación pudiera desarrollarse en un sentido violento".
Los hechos se refieren a la manifestación celebrada en Cortegana el 16 de enero de 2005, "convocada durante los días previos por el alcalde y difundida por otros ciudadanos, en protesta por el crimen cometido en la misma localidad el 1 de enero anterior y en el que resultó muerto el vecino del pueblo Mateo Vázquez, manifestación que acabó con diferentes incidentes contra la comunidad gitana".
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