VALENCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido rechazar los recursos de casación interpuestos por dos hombres, uno de ellos guardia civil de Tráfico, condenados por el homicidio de un tercero que se dedicaba a traficar con droga por una deuda que mantenían con la víctima.
De esta forma, la sala confirma la decisión de la Audiencia de Valencia de condenar a Carlos Javier L.O., agente de la Guardia Civil, a 16 años y dos meses de prisión por el homicidio y tenencia ilícita de armas, y 14 para el otro condenado, Joaquín B.C. por los mismos delitos, aunque con la atenuante de confesión.
El agente había recurrido la condena alegando, entre otras cuestiones, que no existían pruebas de cargo suficientes. Sin embargo, según la sala, en la sentencia de primera instancia hay una argumentación y se analizan pruebas, declaraciones testificales y pericias, además de las propias manifestaciones de los mismos acusados, parcialmente coincidentes, "todas ellas válidas en su producción, razonablemente valoradas y plenamente capaces para sustentar el fallo condenatorio".
Asimismo, rechaza que exista desigualdad de trato en relación con el otro acusado, por la aplicación de la atenuante de confesión, porque el agente se limitó ofreció un relato "parcialmente veraz" una vez fue detenido, mientras que el otro acusado relató lo ocurrido a otro guardia civil conocido, tras conocer la detención de su compañero, pero antes de que se iniciara procedimiento alguno contra él, además de que ayudó a la investigación.
Prácticamente el mismo motivo utiliza la sala para rechazar el recurso del segundo de los condenado, ya que subraya la suficiencia de pruebas de cargo y la "razonabilidad" de los argumentos de la Audiencia para fundamentar su valoración sobre ellas. En esta línea, considera que tanto la viabilidad de la versión de esta persona y su afirmación de que cometió los hechos bajo la influencia de una situación de "miedo insuperable, quedan desautorizados".
La Audiencia consideró probado que los dos acusados en 2006 trabaron amistado con la víctima, que se "venía dedicando a traficar con drogas" y, bien porque participaban de "alguna amera" en este delito o porque solían consumir estupefacientes, mantenían una deuda con él que no se ha determinado.
El 26 de octubre de ese año, con la excusa de pagarle el dinero debido, quedaron con él en un área de servicio de la N-430 en Montesa (Valencia), donde se inició una discusión, en la que la víctima recibió cuatro disparos, el primero de ellos con un arma que había sido propiedad de la familia de Joaquín B. Posteriormente, se llevaron el cuerpo y lo dejaron abandonado en un bancal de olivos en Biar.