Los abogados que impulsaron la querella piden se investigue el origen de los fondos universitarios de los que cobró el magistrado
MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Penal del Tribunal notificó el pasado viernes una providencia en la que se da cuenta de la tramitación del recurso de súplica interpuesto por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón contra el archivo de una querella por cohecho y prevaricación que ambos presentaron contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en relación con el cobro de 203.000 dólares durante su estancia académica en Estados Unidos. El alto tribunal ya ha dado traslado de la petición a la Fiscalía.
Pese a archivar inicialmente esta querella, el Tribunal Supremo se dirigió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sugiriendo que el magistrado podría haber incurrido en una falta disciplinaria al no haber comunicado dicha circunstancia al órgano de gobierno de los jueces, tras lo cual el Consejo abrió su propia investigación.
Las indagaciones del órgano de gobierno de los jueces se encuentran en suspenso a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre la admisión o no del recurso de súplica, ya que las investigaciones penales tienen preferencia sobre las de carácter disciplinario, según señalaron a Europa Press fuente del CGPJ.
En esta querella se acusaba al magistrado de cohecho y prevaricación por haber haber recibido supuestamente pagos del Banco Santander Central Hispano (BSCH) por la presentación de un ciclo de conferencias en Estados Unidos, celebrado durante la licencia por estudios de la que disfrutó el juez en dicho país, y luego archivar una causa judicial contra la entidad bancaria.
ORIGEN DE LOS FONDOS.
En un documento remitido al Supremo el pasado día 12, al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados solicitan la realización de determinadas diligencias de investigación tendentes a esclarecer el origen de los fondos con los que se pago a Garzón de forma previa a decidir si se da carpetazo definitivo al asunto.
En dicho escrito, los abogados dan cuenta de un certificado aportado por el Centro de Derecho y Seguridad de la Cátedra Rey Juan Carlos (Universidad de Nueva York) en el que se dice que los fondos de los que cobró el magistrado no procedían del BSCH, "pero no se explica si son de otra entidad privada, como es de sospechar, tal vez ligada al propio banco dirigido por Emilio Botín o de otra entidad económica interesada en ganarse las simpatías del querellado", señalan.
Añaden que, a su juicio, una entidad privada como es la Universidad e Nueva York "difícilmente regala a un visitante más de 10.000 dólares mensuales por trabajar una tarde dos horas, los martes".
En el auto de archivo de la querella, el alto tribunal consideraba que los hechos denunciados por el letrado alicantino carecen de relevancia penal, si bien advertía que la ocultación por parte del juez de las cantidades que percibió del Centro Rey Juan Carlos I de España y el Centro de Derecho y Seguridad de la universidad de Nueva York podría ser determinantes de responsabilidad ante el CGPJ.
Apuntaba el Supremo que la Ley orgánica del Poder Judicial sanciona en su artículo 417.11 como falta muy grave "faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos", y que habría que investigar el caso porque cuando Garzón pidió prórroga de licencia tras su primera etapa en EE.UU "no consta que hiciese advertencia alguna sobre la naturaleza y cantidad de los ingresos percibidos y gastos que le fueron satisfechos".
Según el auto, el Centro Rey Juan Carlos asumió el pago de gastos de viaje por 21.152 dólares y la escolarización de la hija de Garzón en la Escuela Internacional de Naciones Unidas. Además, El Centro de Derecho y Seguridad pagó a Garzón otros 160.333,14 dólares por organizar los cursos denominados "Diálogos Transatlánticos" y "Seguridad Jurídica".
