El Supremo ve delito en Pardo de Vera por la contratación de la ex de Ábalos pero deja la decisión en manos de la AN

Ordena a la UCO que investigue la adjudicación de las obras públicas señaladas por De Aldama

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha apreciado indicios de delito en la actuación de la ex presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera por la "caprichosa" contratación de Jésica Rodríguez --ex pareja del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos-- en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec), por lo que ha deducido testimonio a la Audiencia Nacional (AN) para que sea el juez que investiga allí este caso el que decida si procede imputarla.

En un auto, recogido por Europa Press, Puente envía al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la AN, Ismael Moreno, todo lo investigado en relación con la contratación de Rodríguez en dichas empresas para que valore si, como entiende él, hay indicios de delito en la actuación de Pardo de Vera, y, en su caso, la tome declaración como investigada.

Cabe recordar que en su día el TS asumió el 'caso Koldo' solo en lo relativo a Ábalos, por su condición de aforado como diputado, y a lo estrictamente relacionado con el que fuera secretario de Organización del PSOE, dejando en la AN --donde comenzaron las pesquisas-- el resto del caso. Por este motivo, Puente ha derivado a Moreno el bloque referido a la contratación de Rodríguez en Ineco y Tragsatec.

Para Puente, existen indicios bastantes para considerar que Pardo de Vera "habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente por Ábalos, quien habría contado para ello con la relevante participación del también investigado en esta causa (Koldo) García, sin que, además, aquélla, durante el periodo en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna".

En este sentido, recuerda que la propia Rodríguez reconoció en su declaración como testigo que "ni en una ni en otra empresa prestó, en realidad, actividad profesional o laboral de ninguna naturaleza, sin asistir nunca siquiera a su puesto de trabajo, más allá de la realización de un curso de riesgos laborales, aunque percibiendo puntualmente los correspondientes salarios durante, aproximadamente y unidos ambos periodos, dos años y medio".

El instructor da este paso después de recibir la documentación de ambas empresas sobre la contratación y el desempeño de Rodríguez. De Tragsatec, el magistrado destaca que "no consta se realizara entrevista alguna con la candidata, pese a lo cual resultó escogida entre las 177 personas que concurrieron inicialmente al proceso, cumpliendo 8 de ellas las condiciones exigidas para la plaza".

Sobre este contrato, que estuvo vigente entre el 2 de marzo y el 1 de septiembre de 2021, Puente recalca que Rodríguez estaba "adscrita" directamente a la Presidencia de ADIF, entonces ejercida por Pardo de Vera.

"Igualmente", Puente observa que Pardo de Vera "habría tenido también una decisiva participación en la contratación previa, aparentemente irregular", de Rodríguez en Ineco, donde se la contrató en el marco de dos encargos de ADIF a esa empresa dependiente de Transportes entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021.

El instructor también destaca el hecho de que la ex de Ábalos fue contratada "sin apenas solución de continuidad" por Tragsatec, valiéndose para ello, precisamente, de su experiencia anterior en Ineco.

LAS SUPUESTAS ANOTACIONES DE KOLDO

Además, ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue la adjudicación de las obras públicas que aparecen destacadas en fluorescente en los documentos aportados por el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. En concreto, pide a la UCO que identifique a la empresa que finalmente resultara adjudicataria de cada una de ellas y que fiscalice todo el procedimiento de adjudicación.

Puente da este paso después de que la pericial caligráfica encargada por el propio instructor concluyera que las anotaciones manuscritas en esos documentos referidos a la supuesta preadjudicación de obras públicas a empresas vinculadas a la trama eran del ex asesor de Ábalos en Transportes, Koldo García.

En concreto, el TS buscaba determinar la autoría de un 'pantallazo' de un folio con apuntes a mano en tres columnas --la primera con unos números, la segunda con ciudades y la tercera con nombres de constructoras--; y de un listado de obras públicas que habrían sido "preadjudicadas" a empresas de la presunta trama con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

NO DETECTA IRREGULARIDADES EN LA COMPRA DE MASCARILLAS POR PARTE DE INTERIOR

El TS también acuerda citar como testigos para el 6 de mayo a Claudia Montes, otra ex pareja de Ábalos que fue contratada en otra empresa pública (Logirail); y a César Moreno, uno de los socios de De Aldama. No obstante, rechaza llamar a testificar al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que había reclamado la defensa de Ábalos.

Respecto a Montes, dice que, a la vista del informe de la UCO, "podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes" por la "influencia" de Ábalos y "con la relevante colaboración" de Koldo, "formando aquella parte del 'círculo personal' del primeramente citado".

En cuanto a Moreno, Puente explica que le cita en la medida en que puede aportar conocimiento sobre "las pretendidas entregas periódicas de 10.000 euros mensuales" por parte de De Aldama, o personas que actuaban por su encargo, a Koldo.

Sobre Grande-Marlaska, indica que no resultan "pertinentes, útiles ni necesarias a los fines de la investigación" todas las diligencias solicitadas por la defensa de Ábalos, incluida la declaración testifical del ministro de Interior y la también solicitada y rechazada del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

El ex ministro de Transportes había pedido estos interrogatorios porque el informe de la UCO reseñaba que el Ministerio de Interior también adquirió durante la pandemia de coronavirus una importante cantidad de mascarillas a la empresa de De Aldama, Soluciones de Gestión.

Puente razona que, si bien consta que Soluciones de Gestión "habría sido adjudicataria de distintos contratos para el suministro de material sanitario no solo con relación a Puertos del Estado y ADIF, sino también con relación a la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, además de con otras entidades públicas", "con respecto a esta última adjudicación no se ha identificado en el presente procedimiento irregularidad alguna".

"No se advierte, en este sentido, --y tampoco lo precisa la parte que propone la práctica de esta diligencia--, qué datos o extremos relevantes podrían aportar a la presente causa especial las declaraciones testificales interesadas", subraya.

No obstante, apunta que "distinto podría ser el caso, naturalmente, si la defensa de Ábalos hubiera explicado --o explique en el futuro--, qué clase de intervención pudieran haber tenido los testigos en los hechos que ahora se investigan, qué conocimiento concreto pudieran albergar acerca de aquellos; o, en fin, si identificara razonablemente cualquier posible irregularidad".

De la misma forma, rechaza el resto de declaraciones propuestas por Ábalos, incluidas las de tres personas que, según el ex ministro de Transportes, vivían en el piso ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid que De Aldama le habría ofrecido como garantía por las obras "preadjudicadas". El magistrado le afea que "ni siquiera se entretiene en esbozar cuál pudiera ser el vínculo o conexión de los testigos propuestos con los hechos que aquí se enjuician".