El TSJC cita a Buch como investigado por el escolta de Puigdemont en Bélgica

Le atribuye presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos

El conseller catalán de Interior, Miquel Buch, ofrece una rueda de prensa, en Barcelona (Cataluña/España) a 17 de octubre de 2019.
El conseller catalán de Interior, Miquel Buch, ofrece una rueda de prensa, en Barcelona (Cataluña/España) a 17 de octubre de 2019. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado al conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, para que declare como investigado el miércoles 25 de marzo a las 10.30 horas por presuntamente poner un escolta al expresidente Carles Puigdemont en Bélgica.

Según ha informado este martes el TSJC, fija la comparecencia del sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolá para que declare como investigado el jueves 26 de marzo a las 10.30 horas.

La magistrada Mercedes Armas les cita por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación al servicio de escoltas y protección al expresidente fuera de España desde octubre de 2017, tras admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía.

En un auto del 2 de marzo, la magistrada descarta pronunciarse sobre si los dos querellados deben prestar una fianza, "sin perjuicio de lo que ulteriormente pudiera resolverse".

La Fiscalía Superior de Cataluña se querelló contra Buch por presuntamente nombrar como asesor al sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escol cuando en realidad ejercía de escolta en Bélgica de Puigdemont, al que el Tribunal Supremo procesó por el 1-O y declaró en rebeldía.

El TSJC acordó incoar diligencias previas porque "del profuso relato de hechos contenido en la querella, se desprende la existencia de indicios suficientes" de los tipos delictivos, a la espera de que se realice la investigación.

"Se estima que se cumplen los requisitos de tipicidad y verosimilitud que fundamentan la admisión a trámite de la querella, y todo ello con independencia de las decisiones que proceda ir adoptándose en función de resultado de las diligencias que se vayan sustanciando", prosigue el auto judicial.

DENUNCIA DE CS

La Fiscalía abrió diligencias de investigación el 20 de marzo de 2019 tras recibir una denuncia de Cs que aseguraba que Escol, nombrado por Buch el 30 de julio de 2018 como asesor en materia de sistemas de seguridad con una retribución anual de 60.000 euros, en realidad estaba ejerciendo funciones de protección o de escolta del expresidente.

Según la querella de Fiscalía, el nombramiento de Escol como asesor de sistema de seguridad constituye un acto de arbitrariedad, pese a que sea un cargo de confianza, y que solo tenía como objetivo procurar, desde el Govern y con cargo a los fondos públicos, "un servicio de escolta permanente al declarado procesado rebelde".

Para el teniente fiscal Pedro Ariche, la designación de Escol respondía "única y exclusivamente al ilegítimo e indisimulado propósito de dar cobertura y protección a una persona en situación procesal de busca y captura".

Además constata que Escol ya había realizado tareas de seguridad para Puigdemont antes de ser nombrado asesor y que con posterioridad "se dedicó de forma plena sin disimulo" a esta actividad.

INFORME COPIADO

La Fiscalía relata en su querella que los informes realizados por Escol en su cargo como asesor eran de muy corta extensión, plagados de generalidades y sin conclusión alguna que contribuya a mejorar la actividad de la Conselleria, y en un caso era "una copia indisimulada" de un trabajo realizado previamente en la Conselleria y publicado en el blog 'Notas de Seguridad'.

Los investigadores han podido constatar, explica el fiscal, la presencia de Escol, una vez nombrado asesor de Interior, en 11 ocasiones en el extranjero realizando funciones de "protección, escolta y aseguramiento del procesado rebelde Carles Puigdemont".

Escol fue cesado el 13 de marzo de 2019 y, según la Conselleria, el gasto total derivado de su cargo fue de 52.712,26 euros, "suma en la que ha resultado perjudicado el erario público autonómico a resultas de la torticera conducta", afirma la Fiscalía.

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