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BILBAO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) cuestiona "el encaje legal" de las ayudas concedidas en 2005 por la Diputación de Vizcaya a ayuntamientos por importe de dos millones de euros en concepto de imprevistos, "al no considerar que los hechos subvencionables corresponden a dicho concepto".
Además, afirma que otras 32 ayudas por importe total de nueve millones de euros "han sido concedidas directamente, principalmente a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, cuando podrían haberse encuadrado en convocatorias subvencionales abiertas a publicidad y concurrencia".
El TVCP ha realizado el informe de fiscalización de la actividad económico financiera de la Diputación Foral de Vizcaya y su administración institucional correspondiente al ejercicio 2005, que ha sido aprobado por mayoría de los miembros del órgano fiscalizador.
El cocumento emitido abarca aspectos contables y legales, incluyéndose un análisis de lasituación financiera. En el apartado de legalidad, el TVCP emite una opinión general sobre la actuación de la Diputación Foral en la que indica que se ha cumplido razonablemente con la normativa vigente, aunque hace algunas excepciones.
En materia de personal, el órgano fiscalizador considera que no se cumple la normativa fiscal al no incluir como rendimientos de trabajo algunos pagos al personal de carácter social. También se señala en el informe que a cinco trabajadores con jubilación parcial vinculada a un contrato de relevo, se les ha concedido una licencia especial retribuida eximiéndoles de toda contraprestación.
Se incluyen, además, en el apartado de opinión de legalidad, algunos incumplimientos en la contratación administrativa. Así, se señala que distintas contrataciones, por importe total de 1,3 millones de euros, se han realizado incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia, sin que se haya justificado razonablemente la excepcionalidad para su no aplicación.
También, considera el Tribunal, que no se ha cumplido la normativa vigente en la contratación de trabajos por 6,7 millones de euros, al haber realizado contrataciones individualizadas de actuaciones, que deberían haberse agrupado en expedientes homogéneos.
El órgano fiscalizador cuestiona "el encaje legal" de las ayudas concedidas a ayuntamientos, por importe de dos millones de euros en concepto de imprevistos, "al no considerar que los hechos subvencionables corresponden a dicho concepto". Otras 32 ayudas por importe total de nueve millones de euros han sido concedidas directamente, principalmente a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, cuando podrían haberse encuadrado en convocatorias subvencionales abiertas a publicidad y concurrencia.
Otros aspectos, que se incluyen en este apartado de opinión, hacen referencia a la falta de realización de actuaciones administrativas en ejercicios anteriores que ha llevado a declarar la prescripción de unas deudas tributarias por importe de 1,3 millones de euros, o a la aportación de dos fincas al capital social de Bizkailur, SA por precio inferior al de tasación.
En relación a las cuentas de la Administración Foral, el informe opina favorablemente en cuanto a su presentación y contenido, aunque plantea diferentes correcciones a los saldos presentados por la Diputación, tanto a los relativos a la liquidación del presupuesto como al balance.
La mayor parte de estos ajustes obedecen a la aplicación de criterios de registro de operaciones no admitidos por el órgano fiscalizador, y que sitúan el Resultado Acumulado Disponible en 124,3 millones de euros.
El informe, en los apartados correspondientes a la Administración Institucional del Territorio Histórico de Vizcaya, analiza los tres organismos autónomos, las 16 sociedades públicas forales y el ente público de derecho privado existentes en el ejercicio 2005.
Para cada una de las entidades integrantes de la Administración Institucional se señalan los incumplimientos de legalidad detectados por el TVCP y las salvedades a los saldos contables presentados, siendo la opinión general del órgano fiscalizador favorable.
Asimismo, el Tribunal efectúa una serie de recomendaciones con relación a aspectos presupuestarios y contables, a los ingresos fiscales, la contratación de bienes y servicios, la concesión de subvenciones y a la gestión de personal.
Finalmente, en el análisis financiero efectuado destaca el incremento en el saldo presupuestario consolidado (incluyendo los Organismos Autónomos) que ha pasado de 29 millones de euros en 2004 a 142 millones en 2005. Por lo que se refiere a las empresas públicas, éstas han cerrado el ejercicio con un beneficio de 14 millones de euros, también superior al del ejercicio anterior.
