VALENCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, consideró hoy que mientras existan "alternativas" y "diálogo" la posibilidad de una huelga de jueces "no tiene sentido". A su juicio, sería un "fracaso para todos los ciudadanos" y provocaría que la Justicia "dañara más su propia actividad". Sin embargo, explicó que la huelga es un derecho constitucional que "no se puede negar a los jueces".
De Rosa se pronunció en estos términos tras asistir al acto organizado en Valencia con motivo de la conmemoración del XVII aniversario del asesinato del profesor Manuel Broseta a manos de la organización terrorista ETA.
El vicepresidente del CGPJ aseveró que la Constitución Española "no restringe" el derecho a la huelga, porque es un derecho constitucional que a los jueces "no se les puede negar, como cualquier persona que ejerce un trabajo" en España. Sin embargo, añadió que "hay que normalizar y no hay que polemizar".
En esta línea, señaló que "como en toda situación de huelga mientras hay diálogo, mientras el Ministerio de Justicia ha convocado a una reunión a las asociaciones judiciales y mientras desde el CGPJ se está implantando un plan de modernización e instando al Ministerio y liderando el decálogo de reclamaciones que hacen los jueces, la huelga en sí no tiene sentido".
De Rosa consideró la huelga como "el resultado de un fracaso en el diálogo" cuando, a su juicio, "ya no existe otra alternativa". Así, estimó que "cuando hay posibilidad de cumplir lo que han reclamado los jueces y las asociaciones, y se llegue a buen puerto", no consideró "lógico" que se convoque la huelga porque ésta sería un "fracaso para todos los ciudadanos y haría que un servicio como la Justicia se dañara mucho más en su propia actividad".
En este sentido, entendió la huelga "como la última solución" y explicó que actualmente se siente "muy optimista", ya que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, "ha rectificado en sus últimas manifestaciones y ha convocado a las asociaciones de jueces, y el lunes reunirá al Consejo", lo que significa que "hay una idea de diálogo", por lo que hay "estar esperanzados en que se va a alcanzar ese objetivo de una justicia de mayor calidad y mejor para la ciudadanía", resaltó.
Por su parte, la consellera de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, Paula Sánchez de León, defendió que las decisiones de cualquier colectivo de la sociedad española "son respetables en cualquier caso" y, por tanto, "también es respetable la decisión de los jueces".
Asimismo, destacó que "comparte" parte de las reivindicaciones e instó a todos "a tomar conciencia de ciertas situaciones". A su juicio, hay que "trabajar conjuntamente para resolverlas" y consideró "esencial" hacer un llamamiento a "la responsabilidad de todos los agentes implicados" porque, "al final, a quien no puede perjudicar esta situación es al ciudadano que es el destinatario último de la Administración de Justicia y en el que tenemos que estar pensando los responsables políticos", concluyó.
