Una víctima del atentado de ETA en Hipercor litiga contra el Estado para reclamar la incapacidad por secuelas psiquicas

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una víctima del atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona, Rosa Maria P.I., solicita al Estado que se determine el atentado terrorista como causante de las secuelas psicológicas que sufre desde hace años y que le impiden desempeñar cualquier trabajo retribuido, razón por la que, además, solicita el reconocimiento de incapacidad.

En el juicio celebrado en el Juzgado de lo Social de Barcelona, la abogada de Rosa Maria aportó como pruebas los informes médicos del perito así como los que redactaron los psiquiatras del Hospital Gómez Hulla de Madrid donde se realizó un reconocimiento a la víctima este mismo año.

Ambos escritos, así como la declaración de la perito, la psicóloga Sara Bosch, que intervino como testigo en el juicio, concluyen en el diagnóstico que la paciente sufre un trastorno postraumático.

Bosch, quién acompañó a Rosa Maria en su reconocimiento en el hospital madrileño, explicó que durante una de las pruebas de actividad cerebral practicadas a la paciente se observó "una disfunción básica degenerativa debido a los hechos traumáticos vividos". Asimismo la psicóloga añadió que esta disfunción provoca que, ante situaciones de estrés cotidiano, Rosa Maria reaccione "mucho peor de lo habitual y de forma impredecible".

Según Bosch, que ha tratado a la víctima desde 1996, si se presenta una situación de estrés, Rosa Maria entra en una primera fase de "bloqueo" seguida de una fase de "descarga" que puede ser "en forma de llanto o aislamiento".

Aunque la psicóloga no niega que durante los periodos entre crisis, la paciente pueda pasar etapas de "funcionalidad" en las que puede trabajar, el carácter impredecible de estas crisis y su reacción ante ellas imposibilitan que Rosa Maria pueda desempeñar un trabajo "cumpliendo horarios y asumiendo responsabilidades".

Por otro lado, el informe presentado por el abogado del Estado a fecha de 11 de julio de 2006 recoge que las lesiones que padece Rosa Maria son una pérdida auditiva del 43% y un trastorno ansioso depresivo de intensidad moderada. Respecto a este último, el informe determina que "no se aprecian valores significativos de descompensación" y que con la medicación antidepresiva que toma, la paciente "está estabilizada".

Sin embargo, las conclusiones de este parte médico presentado por el abogado del Estado, son anteriores a las del informe del Hospital Gómez Hulla que presentó la defensa y que diagnosticaba el mencionado trastorno postraumático.

Vargas, su esposa y su hijo de 2 años estaban a pocos metros del coche bomba que explotó en el aparcamiento subterráneo del hipermercado. A pesar de que casi todas las personas que estaban a su alrededor fallecieron, ellos casi salieron ilesos. Sólo el padre sufrió leves heridas.

La Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo ya les permitió cobrar indemnizaciones por el atentado. Sin embargo, las secuelas psíquicas de la mujer aparecieron años después, por lo que el Estado las desvincula de lo sucedido en 1987; además, tampoco reconoce su estado de incapacidad.

EL ESTADO PIDE LA DESESTIMACIÓN.

La abogada del Instituto de la Seguridad Social solicitó la desestimación del caso argumentando que no existía discapacidad permanente, ya que la víctima había trabajado durante los periodos entre crisis.

El abogado del Estado, por su parte, se mostró de acuerdo con la letrada de la Seguridad Social y pidió que se desestimara el caso por las dudas que suscitaba que las lesiones psicológicas relatadas inhabilitaran a la paciente para el trabajo "pero no para la vida social en general".

La abogada de la víctima, Montserrat Fortuny, solicitó que, tras demostrarse el trastorno psicológico de Rosa Maria "con el aval de psiquiatras especializados en estos casos", el Estado reconociera el atentado terrorista de Hipercor del 19 de junio de 1987 como "causal de las lesiones" y determinara su incapacidad laboral.

El juicio quedó visto para sentencia y los familiares de Rosa Maria se encontraban a la espera de la resolución. El marido de la víctima, José Vargas, se mostró resignado y afirmó que durante años "nuestro sino ha sido luchar y seguiremos luchando hasta conseguir que se reconozca" lo que piden.