Un total de 45 registros civiles de Galicia disponen de un servicio en línea que estará implantado en todos los de la comunidad en 2009
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario xeral de la Consellería de Presidencia, Santiago Roura, destacó hoy la apuesta de la Xunta por informatizar la administración de Justicia y citó el programa Minerva como una "herramienta informática para evitar" que se produzcan casos como el de la niña Mari Luz, asesinada en Huelva el pasado mes de enero.
El presunto asesino de la menor, Santiago del Valle, acudía cada quince días a un juzgado en cumplimiento de medidas cautelares, al tiempo que otro órgano judicial lo tenía en situación de paradero desconocido a la espera de cumplir una condena por abusos sexuales a una menor.
En una comparecencia en la Comisión Institucional del Parlamento, Roura explicó que el sistema informático de gestión procesal Minerva, implantado por el Gobierno bipartito en los 69 juzgados de primera instancia e instrucción de Galicia, dispone de una "utilidad para causas con preso que sirve para denunciar este tipo de situaciones".
Así indicó, ante la "preocupación" manifestada por el diputado nacionalista Iago Tabarés, que Minerva ofrece un sistema de alerta sobre los calendarios que garantizará un mayor control de las ejecutorias penales, aunque advirtió de que "es evidente que alguien tiene que utilizar" dicha herramienta.
Frente a ello, Tabarés denunció que esta aplicación informática no posibilita que exista conexión entre juzgados y que cuando un órgano judicial se encuentra buscando a una persona, el programa ni siquiera permite saber "que se está presentando en el juzgado del municipio de al lado".
REGISTRO TELEMÁTICO.
En todo caso, el secretario xeral de Presidencia hizo hincapié en el "compromiso financiero" del actual Gobierno gallego para lograr una mejora de la administración de justicia en la comunidad y destacó por encima de todo su apuesta por las nuevas tecnologías.
Así, resaltó que en los años 2006 y 2007 se pusieron a disposición de jueces, magistrados, fiscales y médicos forenses un total de 600 ordenadores portátiles y, en ese ámbito, se dotó de pantallas de TFT a todos los PC de sobremesa de los juzgados y se generalizó el uso de la videoconferencia.
Asimismo, subrayó la importancia de la puesta en marcha del programa de Registro Civil en línea, que ya está operativo en los 45 principales registros de Galicia y cuya implantación en el resto comenzará en el mes de junio, con el objetivo de completarla a lo largo del próximo ejercicio.
Dicho programa informático permite la digitalización de los libros y la solicitud telemática de certificados, además de representar una apuesta por la normalización lingüística, ya que ofrece la posibilidad de inscripción en gallego en los libros de los registros civiles en línea.
NUEVOS EDIFICIOS.
Además, Roura subrayó que en el presente año el Ejecutivo gallego pretende destinar casi 5,5 millones de euros a la nueva construcción o rehabilitación de edificios judiciales en los ayuntamientos de Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago, O Barco, A Estrada, Ferrol, Tui, Celanova, Betanzos, Cambados, Vilagarcía, Porriño y Ponteareas.
De todas formas, el alto cargo de Presidencia reiteró que el marco competencial al respecto de la administración de Justicia es "muchas veces insatisfactorio" y apostó por reforzar las competencias de Galicia para tener capacidad de decisión más allá de las propuestas, recibir la transferencia del cuerpo de secretarios judiciales y decidir en la configuración de las unidades judiciales.
CRÍTICAS.
En esa línea, Iago Tabarés calificó de "insuficientes" las unidades judiciales que se están creando en la comunidad, "aún reconociendo que son más que antes". Además, recordó que Galicia seguía siendo en 2007 la segunda comunidad con más casos pendientes y la tercera con mayor congestión.
"No es un Gobierno de progreso en materia de Justicia", concluyó el diputado popular Jesús Palmou, que destacó que, según la memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el PP redujo en 11.000 el número de asuntos pendientes entre 1997 y 2005, hasta situarlo en 17.697 casos, que se elevaron de nuevo a más de 21.000 en 2007.
Asimismo, aseguró que el actual Ejecutivo se limitó a "inaugurar los edificios que dejó el anterior Gobierno en marcha" y sentenció que en materia de administración judicial "se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo". "Nos encontramos ante más de lo mismo: pura filosofía, más autocomplacencia y ausencia de autocrítica", resumió la comparecencia de Roura.
Finalmente, la parlamentaria socialista Beatriz Sestayo reconoció que existe un "déficit de carácter estructural en la administración de justicia" y apuntó que es necesario "un esfuerzo inversor importante" para dar cabida a todas las reformas procesuales que se deben llevar a cabo para solucionar el problema.
