El autor del informe encargado por Trillo dice que nunca vio el contrato con la propietaria del aparato
MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ex subdirector general de Control de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil Luis Rodríguez Gil aseguró hoy en la Audiencia Nacional que el avión Yakovlev-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 provocando la muerte de 62 militares españoles, no tenía su permiso para realizar el vuelo en el que se produjo el accidente, informaron hoy fuentes jurídicas.
El ex alto cargo del Ministerio de Fomento compareció ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska como testigo de la causa que investiga la cadena de subcontrataciones que el Ministerio de Defensa encargó a la agencia de la OTAN Namsa para contratar el vuelo, que se estrelló en Trabzon (Turquía) cuando regresaba de una misión en Afganistán.
Rodríguez Gil señaló que su departamento no concedió el certificado de aeronavegabilidad al Yak-42 para el vuelo en el que se produjo el siniestro porque se trataba de una misión militar ajena a sus competencias. Un informe elaborado por el coronel auditor Ricardo Fortún en diciembre de 2003 por encargo del ex ministro de Defensa Federico Trillo señalaba, sin embargo, que el avión contaba con un permiso de Aviación Civil para volar en España.
La aparente contradicción podría deberse, según explicó Rodríguez Gil, a que el aparato contara con un permiso correspondiente a un vuelo comercial anterior al de Afganistán y que, por tanto, no sería válido para misiones militares. También señaló la posibilidad de que el avión únicamente tuviera un certificado de aeronavegabilidad de las autoridades de Ucrania, país al que pertenecía la compañía propietaria, UM-Air.
El certificado de aeronavegabilidad permite a Aviación Civil solicitar la documentación de los aviones que realizan vuelos comerciales en España y realizar inspecciones aleatorias para comprobar el estado de los aparatos, según explicaron las citadas fuentes, que indicaron que el viaje en el que se produjo el siniestro no se sometió a esta normativa.
Fortún no pudo ser preguntado por esta cuestión porque compareció en el juzgado antes que el responsable de Aviación Civil. Por ello, las defensas de los familiares de las víctimas se plantean pedir a Grande-Marlaska que le vuelva a citar como testigo.
'INFORME FORTÚN'
En su declaración ante el juez, indicó que el ex ministro de Defensa Federico Trillo le encargó el 30 de mayo de 2003 que realizara un informe para dirimir responsabilidades sobre el modelo de contratación del aparato. En esa investigación no se abordaron las identificaciones de las víctimas ni se incluyeron los informes del Mando Aéreo de Levante (MALEV) y del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) que recogían quejas sobre el funcionamiento de aparatos similares al Yak-42.
Para elaborar el denominado 'informe Fortún', que recogía la existencia de quejas en vuelos anteriores al del Yak-42 sobre retrasos, cambios horarios o mal anclaje de la carga, señaló que trabajó con la documentación que le entregaron el teniente general José Antonio Beltrán y el entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte.
No obstante, indicó que no tenía autonomía para realizar el trabajo de campo mediante el que se elaboró el informe y que, aunque conocía que los vuelos habían sido encargados a siete compañías como UM-Air, nunca llegó a ver los contratos.
RESPONSABILIDAD DEL EMAD
Ante el instructor también declararon otros tres mandos militares que ocupaban cargos de responsabilidad en el Ejército en el momento del accidente: el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Alfonso Pardo de Santayana; el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), Eduardo González Gallarza; y el general de Brigada Jefe número 2 del Estado Mayor del MALEV, Carlos Gómez Arruche.
Todos ellos coincidieron que la contratación del Yak-42 fue responsabilidad del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), en el que se encuadraba el Estado Mayor Conjunto (EMACON). Gómez Arruche y Gallarza añadieron, además, que su única labor fue la de tramitar las quejas que recibieron al Centro de Conducción de la Defensa (CECOD), al frente del que se encontraba Beltrán. Una de ellas fue la del capitán Ramón Ignacio Balsera Bocanegra, que hoy aseguró al juez no recordar los detalles de la misma.
Marlaska también había citado para hoy al comandante Alfredo Mínguez, miembro del Centro de Inteligencia y Difusión de Inteligencia (CIDI); y al jefe del Servicio de Operaciones en Vuelo de Aviación Civil, Victoriano Jiménez Ramírez; que no pudieron comparecer en la Audiencia Nacional.
45 TESTIGOS
Las declaraciones de estos seis testigos forman parte de las 45 comparecencias ordenadas por Grande-Marlaska a petición de las familias de las víctimas del accidente, entre las que se encuentra la del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el teniente general Félix Sanz Roldán, que ocupó este cargo a partir de junio de 2004.
En la causa, que la Sala de lo Penal obligó reabrir en enero pasado, se encuentran imputados el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá; al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta; el jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
