Aierdi dice que los informes de Anticorrupción contienen "juicios de valor" y afirma que no hubo ningún "trato de favor"

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha afirmado que en los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra sobre contratos de obras de construcción de VPO en Erripagaña -en la etapa que fue director gerente de Nasuvinsa entre 2015 y 2019- se achacan "incumplimientos en determinados aspectos de la licitación de Nasuvinsa" y emiten "juicios de valor formulados de manera categórica que suponen más una interpretación parcial y particular de las actuaciones" que el propio consejero ha querido "aclarar". Aierdi ha asegurado que no hubo "trato de favor" a ninguna de las partes ni a ninguna empresa.

Así lo ha subrayado este lunes, en una rueda de prensa ofrecida junto al exdirector-gerente de Nasuvinsa (2019-2023) Alberto Bayona, sobre el informe de la Oficina Anticorrupción en relación con el contrato de obras de construcción de 62 VPO en Erripagaña, adjudicada a la UTE Acciona-Servinabar, informe que determina que la empresa pública Nasuvinsa "ignoró todos los principios de la contratación pública y los más elementales principios del derecho administrativo" y afirma que "incumplió de plano" la ley foral de Contratos Públicos, y el pliego de condiciones reguladoras de esta contratación.

En cuanto al incumplimiento de la ley foral de Contratos Públicos, Aierdi ha explicado que "el informe afirma que la sociedad pública incumplió la ley foral de Contratos por no haber realizado la contratación a través de la plataforma PLENA", algo que era "materialmente imposible" porque "no existía en el momento en que se inicia el proceso de contratación de esta promoción".

  El informe, ha continuado, "lo que está haciendo es exigir a la sociedad pública el cumplimiento de determinados aspectos de la ley foral de Contratos de abril de 2018 que no eran aplicables al caso, tal y como sostienen los propios servicios jurídicos de la sociedad, porque está obviando la propia ley". "La ley, que se aprueba en abril de 2018, establece para la aplicación del PLENA una entrada en vigor en octubre de ese mismo año, seis meses después de la aprobación. Por lo tanto, es imposible materialmente cumplir esa disposición porque no existía, en el momento en que se inicia el proceso de contratación de esta promoción, esa plataforma. No estaba operativa, entró con carácter operativo a finales de 2018", ha argumentado.

   Por otro lado, respecto a la "ausencia de autorización para contratar dictada por el departamento del Gobierno de Navarra que ejercía la tutela de Nasuvinsa", así como de "ausencia de actuaciones preparatorias del contrato", Aierdi ha destacado que "no se pueden considerar estas actuaciones de manera individual, sino como parte" del Plan de Vivienda 'Navarra Social Housing' aprobado por el Gobierno foral, por lo "que estaba perfectamente documentado y acreditado el apoyo, el posicionamiento y la intervención del Gobierno en este proceso".

   Entre otras cuestiones, el consejero ha añadido que el informe "reprocha también" que en la Mesa de contratación "no se hubiera incorporado un representante de la Junta de Contratación Pública, pero en este caso, también a juicio de los servicios jurídicos de Nasuvinsa, no es de aplicación el artículo 134 de la Ley Foral de Contratos al no exceder el presupuesto de esta obra los 10 millones de euros", ya que "el presupuesto de esta actuación era de 6,8 millones de euros".

    En cuanto a la "ausencia de determinada documentación", Aierdi ha subrayado que "con respecto a las actas de las distintas fases del proceso de contratación, entendemos, por lo que conocemos de los expedientes, que existen esas actas pero no se han encontrado por parte de Nasuvinsa". "Estamos hablando de un proceso previo al PLENA en el que la documentación se formaliza en papel, que han pasado 7 años desde entonces y que incluso en algunos de estos procesos lo habitual es devolver la documentación una vez realizado todo el proceso de adjudicación", ha manifestado.

   Por su parte, Bayona se ha referido a la "no exclusión de la licitadora que acabó siendo la adjudicataria por haber incluido información en el Sobre B que únicamente debía aparecer en el Sobre C" que recoge el informe.

    Nasuvinsa, ha dicho, "lanzó una aclaración en la que indicaba que en el Sobre B, criterios cualitativos, no debiera aparecer ningún dato que facilitara o expresara el plazo de ejecución que el concursante ofertaría en el Sobre C". Además, "anulaba los dos puntos que al planning se le daba en el Sobre B, 'criterios cualitativos'".

    "Entiende la OANA que dos de las empresas debieron ser excluidas porque indicaba en su informe que aparecía ese plazo en el Sobre B, cuando no debió ser así. En el Sobre B lo que apareció es un trabajo técnico de indicación de estudio de la obra con un plazo teórico y, por tanto, el plazo que ofertaban las empresas y que se indicaba en el Sobre C no coincidía con el que se había puesto de forma teórica en el Sobre B. Por tanto, no cumpliéndose lo establecido en esta aclaración, no se podía en ese momento hacer la exclusión de estas dos empresas. Con lo cual, se aplicó correctamente a nivel jurídico", ha relatado.

   Como conclusión, Aierdi ha subrayado que "la documentación disponible en el expediente, tanto en las mesas de valoración técnica como económica, dan un fiel reflejo del procedimiento que se ha seguido y de una manera objetiva la resolución de los mismos", y "que no hubo trato de favor a ninguna de las partes y a ninguna empresa de la documentación que se infiere de los informes".

   "De 30 lotes, promociones, que licitó Nasuvinsa en ese periodo -mayo de 2017 a enero de 2023-, únicamente en 2 de esas 30 licitaciones resultó adjudicataria la UTE Accióna Servinabar. De 164 millones y medio de inversión, el volumen de obra adjudicada en licitación abierta supuso el 8% de ese conjunto de presupuesto", ha comentado.

   En respuesta a los periodistas sobre la falta de documentación, Aierdi ha señalado que "la Oficina pidió documentación a la sociedad Nasuvinsa y algunos de estos datos que hemos señalado en esta rueda de prensa no fueron facilitados, no sé si por desconocimiento de la sociedad, entiendo porque no se disponía de esa información o esa documentación en las propias oficinas". "Todos los acuerdos a los que me ha referido del gobierno, las órdenes forales, etc., si las hubieran tenido, entiendo, en sede de Nasuvinsa las habrían facilitado", ha dicho.

    Respecto a la falta de actas, ha señalado que "evidentemente existieron" aunque "en este caso no se han encontrado". "Lógicamente, yo no puedo responsabilizarme de la custodia de esa documentación siete años después de desarrollar mi actividad como gerente en la misma", ha subrayado, tras añadir que "no puedo decir quién tiene que asumir esa responsabilidad". "Desde luego entiendo que quien dejó esa sociedad hace siete años, no", ha añadido.

   También ha criticado que es "inusual en este caso, frente a otros informes", que "no haya habido un plazo de tiempo para realizar aportaciones, "porque esto es lo que suele ocurrir en el caso de la Cámara de Comptos", que "hace su informe, lo envía a las partes implicadas, las partes implicadas presentan las alegaciones oportunas, y las ven". "En este caso no ha habido esta fase, yo creo que la normativa de la OANA recogía un proceso similar y, por lo tanto, entiendo que tanto la sociedad pública lo hará y, particularmente, nosotros, lógicamente, aportaremos nuestra opinión al expediente también", ha manifestado.

   En definitiva, según Aierdi, son "inciertas" parte de "las manifestaciones que ha hecho" la OANA, "como la falta de autorización del Gobierno, la ausencia de trabajos preliminares, la gestión del proceso de adjudicación en cuanto al Sobre B en la primera de las adjudicaciones". "No comparto una gran parte de ese informe", ha remarcado