Imagen de la rueda de prensa - EUROPA PRESS
PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Empresarial Navarra (CEN), la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra (Adefan) y la Cámara de Comercio de Navarra han mostrado este lunes su "preocupación" ante el texto de la futura ley foral de Industria y Fomento Empresarial por considerar que "no supone el avance cualitativo que debería representar" una nueva norma en esta materia.
Así lo han indicado en una rueda de prensa Manuel Piquer, presidente de la CEN, Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, e Iñaki Ecay, presidente de Adefan.
Según han explicado, el proceso de participación se inició en 2023 y recabó 840 propuestas. En mayo de 2024 se presentó un manifiesto firmado por CEN, AIN, Cámara Navarra, Adefan, la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra (UCAN), Institución Futuro y el Clúster de la Industrialización de la Construcción de Navarra (iCONS), con "las prioridades que las empresas reclamaban". En noviembre de 2024, el primer borrador de ley recibió 295 alegaciones y en marzo de 2025 el segundo borrador recibió 126 adicionales al nuevo texto.
Sin embargo, aunque han valorado "algunas mejoras introducidas durante la tramitación" de la ley, consideran que "buena parte de las propuestas planteadas por el tejido empresarial no se han incorporado o lo han hecho de forma insuficiente".
En su intervención, Manuel Piquer ha puesto en valor el "esfuerzo realizado por el Gobierno de Navarra" y ha destacado que "nuestras manifestaciones no se hacen desde la crítica ni entramos en juicios de valor, resultan sencillamente la opinión de los empresarios de las industrias de Navarra en una norma que nos hubiera gustado mucho más ambiciosa". Entre otras cuestiones, ha destacado que "echamos en falta materias muy relevantes propias a la órbita industrial", como la seguridad jurídica, la fiscalidad y las infraestructuras. En concreto, ha hecho hincapié en 5 aspectos de la norma que "no benefician a su objetivo nuclear, que debe ser la competitividad de nuestras industrias".
En primer lugar, ha rechazado "fijar un plazo de preaviso a la administración de 9 meses de antelación, cuando la norma nacional fija en 6 meses en procesos de reestructuración de plantillas", porque "no solo supone un agravio comparativo con la norma nacional, sino una mayor exposición, y atenta a principios fundamentales de proporcionalidad y libertad de empresa", además de generar "un escarnio social durante mayor tiempo a la figura empresarial".
También "nos preocupa la consideración como proyecto empresarial estratégico aquel que alcanza una inversión mínima de 50 millones de euros". A su juicio, "cuantitativa y cualitativamente no beneficia a la industria y cercena las posibilidades de la pequeña empresa". Aunque la norma "avanza en la simplificación administrativa", el sector va "más allá". "Apostamos por el silencio administrativo positivo y por la declaración responsable como herramienta de agilidad y seguridad jurídica, que en otras comunidades autónomas, en concreto La Rioja, está dando un resultado muy favorable", ha añadido.
En cuarto lugar, "nos preocupa la incorporación del impulso de medidas destinadas a una jornada máxima de 35 horas semanales". "Y no porque estemos en desacuerdo con ello, sino porque entendemos deben implementarse con otras medidas sobre, por ejemplo, el absentismo, o la efectividad del tiempo de trabajo. Y porque, una vez más, y esto nos duele, se inmiscuye el legislador en el diálogo social, que no es su competencia", ha añadido. También, ha dicho, "rechazamos la potestad que la ley foral otorga a los organismos municipales respecto a la implantación de una industria", porque "desborda los límites de su capacidad y los intereses autonómicos y estatales".
Por su parte, Javier Taberna ha señalado, en nombre de Cámara Navarra, que esta ley "podría haber servido para algo", pero "muy al contrario, no ayuda ni apoya, porque es una ley voluntarista". "Está plagada de verbos como 'promoveremos, fomentaremos...' y por lo tanto no es nada concreto. 127 páginas llenas de voluntarismo", ha apuntado. A su juicio, "algo que era importante" para el sector era la simplificación administrativa, debido a la "abundancia de trámites que se exigen en Navarra respecto a otras comunidades", pero la ley "no lo resuelve".
Entre otras cuestiones, ha defendido el silencio administrativo positivo y que los plazos de la Administración "no sean orientativos", sino "seguros" y "efectivos". Además, la ventanilla única empresarial "que siempre estábamos pidiendo" tiene "6 páginas y 8 artículos, y en ninguno se establece cómo se va a hacer esa ventanilla", sino que "todo vuelve a ser voluntarismo". También ha criticado que la ley "no habla nada" de fiscalidad, y ha apostado por un modelo fiscal "eficiente".
En nombre de Adefan, Iñaki Ecay ha afirmado que "aun agradeciendo el esfuerzo que se haya podido hacer por parte del departamento por agrupar el máximo posible de propuestas", la ley "no acoge los 360 grados que necesita la empresa familiar y las pymes en general en Navarra para mejorar su situación". "Nuestra capacidad de penetración en esta ley se ciñe exclusivamente a la parte familiar, y ahí es donde podemos decir que sí, porque se ha reconocido, pero no nos sentimos identificados con el conjunto de las medidas que esta ley va a aprobar", ha subrayado.
"Se ha desarrollado un reconocimiento y unas medidas de impulso a la empresa familiar, que nos parece importante, pero la empresa familiar está en un ecosistema que conjuga diferentes ángulos. Incluye la fiscalidad, incluye sus infraestructuras, incluye los procesos administrativos, y es ahí donde nos vemos muy lejos de mejorar nuestra situación", ha añadido, tras criticar la "carga administrativa".
El secretario general de CEN, Carlos Fernández Valdivielso, ha afirmado que, a pesar de haberse desarrollado un proceso de participación, "no nos sentimos partícipes del resultado de esta ley". En este sentido, ha pedido a los grupos parlamentarios que antes de votar la ley que realicen una lectura "profunda, crítica, consciente del texto definitivo antes de su aprobación, y que comprueben realmente tras esa lectura si este texto mejora la situación actual de las empresas, impulsa su actividad o si por el contrario las lastra y empeora su competitividad" frente a otras regiones de España.
