La crisis en Ceuta protagoniza la primera Mesa y Junta de Portavoces tras el parón veraniego

    PAMPLONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra retoma este lunes su sesiones ordinarias tras el parón veraniego. Un encuentro en el que tendrá protagonismo la crisis en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales del mes de julio.

   Así, se votarán tres propuestas de declaración institucional. Una de UPN que expresa el "apoyo y solidaridad" del Parlamento de Navarra con la ciudad autónoma y los ceutíes ante lo que califica de "asalto". Otra del PPN que expresa el "firme apoyo, solidaridad y cercanía" con Ceuta. Y una tercera, presentada por Contigo-Zurekin, que rechaza "el ataque híbrido perpetrado el pasado 30 de julio por el Reino de Marruecos, con apoyo de Estados Unidos e Israel, contra la frontera española de Ceuta".

    Además, tanto EH Bildu como Contigo-Zurekin han registrado sendas preguntas orales sobre la "emergencia humanitaria" en Ceuta. UPN, por su parte, ha planteado una interpelación en materia de acogida de menores migrantes no acompañados.

   También será objeto de varias iniciativas la Junta de Seguridad entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio del Interior en la que, entre otros asuntos, se acordó incrementar la plantilla de la Policía Foral hasta los 1.600 agentes e implantar una Plataforma Única de Emergencias en el teléfono 112, que recogerá también las llamadas recibidas en los números 091 y 062.

   Geroa Bai ha solicitado las comparecencias de la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, y de la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío -quien también ha solicitado comparecer- para explicar los acuerdos adoptados en este encuentro. UPN, por su parte, quiere que Chivite de explicaciones por la "inacción del Gobierno de Navarra ante las demandas y necesidades de la Policía Foral y por qué no se ha convocado la Junta de Seguridad que dé solución a la actual problemática". Mientras que el PSN ha registrado una pregunta sobre "los acuerdos para fortalecer la coordinación entre cuerpos policiales a través del teléfono 112".

   Entre otras solicitudes de comparecencia, EH Bildu ha pedido que la consejera de Vivienda, Políticas Migratorias y Juventud, Begoña Alfaro, valore e informe sobre los resultados del proceso de regularización extraordinaria en Navarra y las acciones que los diferentes agentes institucionales y sociales han desarrollado. UPN, por su parte, quiere que la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, valore la evolución anual del paro registrado en Navarra.

   En el apartado de las mociones, UPN ha presentado una iniciativa que insta al Departamento de Salud a "revertir de forma inmediata" el cierre de las urgencias nocturnas del Punto de Atención Continuada de Fustiñana. Mientras que el PPN quiere instar al Gobierno foral a presentar, en el plazo máximo de 15 días, un calendario para la elaboración, aprobación y remisión al Parlamento de Navarra del proyecto de reforma de la renta garantizada.

   Geroa Bai, a su vez, quiere instar al Gobierno de Navarra a "garantizar la financiación suficiente para acometer, en el menor plazo posible, las inversiones necesarias recogidas en el Plan Foral de Regadíos".

   EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han registrado una moción por la que el Parlamento de Navarra traslada al conjunto del pueblo colombiano, y a la colombianidad residente en Navarra, su solidaridad ante los efectos generados por el grave terremoto acontecido el pasado día 10 de agosto. Estas tres formaciones, junto con el PSN, han presentado otra iniciativa que insta al Ejecutivo navarro a realizar, antes de la finalización de esta legislatura, un estudio sobre prestaciones, servicios y subvenciones públicas por nivel de renta.

    El orden del día incluye, también, preguntas parlamentarias sobre la situación de las obras de los túneles de Belate, sobre la OPA de Omnhia para la adquisición de Azkoyen, sobre la "responsabilidad política" por los cierres de urgencias rurales o sobre las herramientas para garantizar el cumplimiento de las limitaciones de precios de alquileres en las zonas tensionadas.