PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno aprobó esta mañana el proyecto de Ley Foral de Servicios Sociales con el objeto de establecer una norma que reconozca la universalidad en el acceso a los servicios sociales. Según explicó la consejera de Bienestar Social, Maribel García Malo, se avanza hacia la consecución del denominado cuarto pilar del estado de bienestar, junto con la salud, la educación y el sistema nacional de pensiones.
La Ley Foral establecerá la aprobación de carteras de servicios, que recogerán las prestaciones a las que los ciudadanos van a tener derecho. Además, dijo la consejera, se introducen elementos homogeneizadores en toda Navarra, con el fin de garantizar a los ciudadanos unas prestaciones mínimas y unas condiciones básicas de calidad de los servicios, independientemente del municipio en el que vivan o reciban la prestación.
García Malo manifestó en rueda de prensa que con esta ley, Navarra, la primera comunidad autónoma en "dar este paso", pasa así "de un sistema asistencialista a un sistema de garantía de derechos". Según dijo, si la Ley de Dependencia del Gobierno central va dirigida a personas dependientes, ésta este extiende el derecho a todos los ciudadanos destinatarios de los servicios sociales.
La consejera destacó el proceso de participación "tan importante" que ha tenido esta ley. Y el director general de Bienestar Social, José Carlos Esparza, señaló que en el primer periodo de alegaciones se recibieron 875 aportaciones y que tras la elaboración del anteproyecto hubo 70 más, "de las que tuvimos en cuenta una gran parte", señaló.
Esparza afirmó que esperan que ahora el trámite en el Parlamento foral sea "rápido" debido al consenso alcanzado. Una vez aprobada la ley existe un plazo de un año para aprobar la cartera de servicios, "en la que ya estamos trabajando", dijo la consejera. Para la aplicación de esta ley se ha previso un gasto adicional en bienestar social de seis millones de euros y de 21 millones para el cuarto año de aplicación.
REORDENACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Con el proyecto de Ley Foral se pretende también acometer una reordenación de los servicios sociales, introduciendo la distinción entre zonas básicas de servicios sociales y áreas de servicios sociales.
El proyecto sienta las bases para la planificación y responsabilidad de las administraciones públicas de Navarra, buscando actuaciones ordenadas y coordinadas que permitan realizar políticas eficaces y eficientes. Además, regula la participación cívica al considerar que son los diferentes agentes sociales, los usuarios de los servicios y la población en general quienes mejor pueden transmitir las necesidades sociales.
Según el Gobierno, se reconoce la pluralidad de agentes que convergen en la provisión de los servicios, aunque sin olvidar la responsabilidad pública de garantizar prestaciones a los ciudadanos. A todo ello, añade, hay que añadir que se intenta dar un impulso cualitativo a la mejora de la calidad de los servicios introduciendo evaluaciones con indicadores objetivos que puedan medir no sólo aspectos materiales y funcionales, sino aquellos otros que valoren el grado de satisfacción de los usuarios.
TITULARIDAD PUBLICA
Según el proyecto de Ley Foral, se prevé la titularidad pública de los servicios sociales, independientemente de que la prestación se realice de forma directa o indirectamente a través de entidades de iniciativa privada.
Igualmente, se regula cada uno de los elementos que forman parte de dicho sistema público: prestaciones técnicas y económicas, planes, programas y equipos técnicos. Es precisamente aquí donde por primera vez se hace referencia a prestaciones garantizadas para los ciudadanos, no sujetas a disponibilidades presupuestarias y que, por tanto, generarán un verdadero derecho subjetivo, informa el Ejecutivo.
Por otra parte, el proyecto de Ley Foral recoge la cartera de servicios sociales a los que pueden acceder los ciudadanos. En este aspecto, se regula la cartera de servicios sociales de ámbito general que, aprobada por el Gobierno de Navarra, deberá contener aquellos que se prestan al conjunto de la población, independientemente del municipio donde se resida. Pero también se prevé la posibilidad de que las entidades locales de Navarra puedan completar esta cartera.
Uno de los capítulos del proyecto de Ley se ocupa de la estructura del sistema público de servicios sociales. Así, se definen y establecen las funciones de los servicios de base y de los servicios sociales especializados. Además, se establece la implantación obligatoria de cuatro programas en todos los servicios sociales de base (acogida y orientación social, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, incorporación social en atención primaria y atención a la infancia y a la familia. De este modo, indicó la consejra se asegura una homogeneidad en la atención en todas las zonas de Navarra.
Además, se prevé la creación de una nueva figura, los Centros de Servicios Sociales, como servicios de apoyo a la atención primaria con ámbito de actuación a nivel de área que, salvo en el caso de Pamplona u otros supuestos que se puedan establecer, dependerán de la Administración de la Comunidad Foral.
Por otra parte, se recoge por primera vez en una norma con rango legal la organización territorial de los servicios sociales de Navarra y se establecen distintos ámbitos de actuación: las zonas básicas de servicios sociales -marco territorial de la atención primaria-, las áreas de servicios sociales -que agruparán a varias zonas básicas con el fin de mejorar la eficacia de los servicios de atención primaria-, y los ámbitos general y local -de actuación de los servicios sociales especializados según sean titularidad de la Administración Foral o de las entidades locales, respectivamente. La configuración de las áreas y zonas básicas se establecerá en el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra.
El proyecto de Ley Foral mencionado regula también la financiación del sistema público de servicios sociales, corresponsabilidad del Gobierno de Navarra y de las entidades locales, aunque también se prevén otras posibles fuentes de financiación. Se aborda además la financiación de infraestructuras, que queda ligada inexorablemente a la planificación tanto de los centros de servicios sociales como servicios sociales especializados y básicos.
En relación con éstos, hay que señalar que la financiación del Gobierno de Navarra irá ligada a los cuatro programas básicos, de acuerdo con la finalidad de garantía mínima de servicios que prevé el Proyecto de Ley Foral. Asimismo se prevé la posibilidad de que los usuarios participen en el coste de algunas prestaciones, sin que ello suponga, en ningún caso, quedar excluido de recibir un servicio por insuficiencia de medios económicos.
Hay una referencia especial a los profesionales de los servicios sociales. En este sentido, se introduce la figura del profesional de referencia cuya existencia se contempla como un derecho de las personas en relación con los servicios sociales. Su papel es el de orientar y acompañar a la persona en todo el proceso de intervención social. Se recogen unos derechos y deberes específicos de estos profesionales, entre los que cabe destacar el de recibir una formación adecuada que redunde en una mejora de la calidad de los servicios que se prestan, concluye el Gobierno.
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