La consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, y la directora gerente de ANADP, Inés Francés, en la presentación del anteproyecto de Ley Foral de Atención a las Personas Con Discapacidad en Navarra y Garantía de sus Derechos - GOBIERNO DE NAVARRA
PAMPLONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y el CERMIN han presentado este miércoles el primer borrador del anteproyecto de Ley Foral de Atención a las Personas Con Discapacidad en Navarra y Garantía de sus Derechos, un documento que responde a la propuesta del Parlamento de Navarra, CERMIN y Universidad Pública de Navarra de "unificar en una sola norma las disposiciones que afectan a las personas con discapacidad en la Comunidad foral".
Esta ley, según la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), Inés Francés, adaptará la normativa actual a la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad y convertirá a Navarra en la primera comunidad autónoma que modifique su Derecho Civil tras los cambios producidos por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Asimismo, ha señalado, permitirá evolucionar del modelo asistencial-médico rehabilitador al modelo social, dirigido a eliminar las barreras que existen en la participación de estas personas en la vida social, económica, cultural y en todos los ámbitos en general.
La nueva ley incorporará aspectos generales como "las garantías ante la discriminación, la potenciación de la autonomía y vida independiente o la sensibilización de la sociedad para la toma de conciencia sobre su realidad y su aportación como diversidad enriquecedora", ha explicado el Ejecutivo foral en un comunicado.
Esto se concreta en el nuevo régimen que desplaza al de las incapacitaciones y tutelas, con el objetivo de que "la provisión de apoyos sea la solución a las dificultades para ejercer los derechos en el tráfico jurídico", y en la "apuesta decidida por la desinstitucionalización de las personas que viven en centros residenciales".
Respecto a la primera, se modificarán en el Fuero Nuevo aspectos como los referidos a la tutela, la administración de los bienes de conquista, la nulidad de las declaraciones de voluntad o las alusiones a la patria potestad prorrogada y a la rehabilitación de la patria potestad.
En cuanto a la "desinstitucionalización", Francés ha destacado algunas acciones que el Gobierno de Navarra ya ha puesto en marcha como la creación de una vivienda para personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, situada en Tudela, y una vivienda para personas con discapacidad física y grandes necesidades de apoyo en Pamplona. Se trata de viviendas completamente adaptadas para que personas que requieren apoyos de alta intensidad, que hasta ahora estaban abocadas a ingresar en centros residenciales, puedan llevar una vida más autónoma y normalizada, completamente integrada en la comunidad, ha subrayado. En esta línea, el Gobierno de Navarra apostará por ofrecer a las personas con discapacidad otros servicios "alternativos a la creación de centros residenciales, en los que se ofrezca una atención individualizada y centrada en la persona.
Por otro lado, el anteproyecto de Ley Foral recoge políticas que "garantizan la no discriminación, la orientación y el acceso al empleo, así como el fomento del mismo, sea este protegido u ordinario, en el marco del actual Plan de Políticas Activas de Empleo".
Así, se recogen medidas como promover la contratación indefinida o el acceso al empleo por cuenta propia, con cautela en cuanto al cumplimiento de la normativa de protección de datos en relación a la información sobre discapacidad, especialmente cuando intervienen decisiones automatizadas o se utilizan perfiles para predecir o adoptar decisiones, ha explicado la directora de la ANADP. Además, se realizarán planes de prospección adaptados a las personas con discapacidad y se fomentará la ocupación laboral de las mujeres con discapacidad, para "conseguir su contratación y que esta sea de calidad en todos los sentidos, incluyendo medidas de conciliación o, siempre que sea posible, corresponsabilidad".
Por otro lado, la norma "garantiza el acceso a la salud en igualdad de condiciones, incluida la salud sexual y reproductiva, así como a los servicios sociales y sociosanitarios". También se define y se aborda como derecho la educación inclusiva en el ámbito no universitario y universitario, y se definen las políticas, estrategias y buenas prácticas precisas, entre las que destaca el uso del diseño universal de aprendizajes.
También se garantiza, en la norma, el acceso a la cultura y los derechos culturales de las personas con discapacidad, al mismo tiempo que se promueve "el desarrollo de su potencial creativo y su acceso a la información y medios para un disfrute con los apoyos que precisan según sus necesidades, con medidas también en el ámbito del deporte, el ocio y la actividad comercial".
Otro aspecto que recogerá la nueva ley es el relativo a los trámites en la valoración del grado de discapacidad. A partir de ahora, se tendrán en cuenta los dictámenes técnicos de los equipos de valoración de la situación de dependencia para el reconocimiento del grado de discapacidad de las personas, lo que agilizará mucho los trámites, ha apuntado Francés.
Del mismo modo, se actualiza el régimen de accesibilidad universal y, en su defecto, el de los necesarios ajustes para el acceso a todo tipo de espacios, bienes, servicios y comunicaciones.
Además, se completa el régimen de participación de las personas con discapacidad a través de las entidades que les representan, creando así un sistema de información para los casos en que no están en algún ámbito sectorial integrados en sus órganos formales de participación. Y, al mismo tiempo, se promueve la participación individual, así como de los menores, a través de cauces existentes o desarrollados como el Consejo de niños, niñas y adolescentes, así como el de escucha, análisis e intermediación en casos de quejas o reclamaciones.
Una ley que "marcará un nuevo rumbo en cuanto a la atención a personas con discapacidad, ya que amplía sus derechos de tal manera que nos permitirá avanzar de manera sustancial en igualdad de oportunidades y en la plena inclusión social de todas las personas en todos los ámbitos de la vida, ha concluido Francés.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPARÁN EN LA ELABORACIÓN DE LA NORMA
Para la elaboración del anteproyecto de ley Foral el Departamento de Derechos Sociales ha celebrado ya una primera fase de consulta, a través de un total de siete reuniones, en las que han participado representantes de los departamentos de Derechos Sociales, Salud, Educación, Cultura y Deporte y Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, así como representantes de diferentes entidades y organismos de la Comunidad foral.
Este mismo mes, se iniciará una segunda fase de participación, para la cual se formarán cinco grupos diferentes, uno por cada tipo de discapacidad y otro de menores con discapacidad. Todos los grupos estarán formados por personas usuarias de diferentes centros seleccionados: personas con discapacidad intelectual del Centro Las Hayas, personas con enfermedad mental del Centro Félix Garrido, personas con discapacidad física y orgánica, personas con discapacidad sensorial y menores del IES Julio Caro Baroja.
El número de inscripciones será limitado y los grupos estarán formados por entre 12 y 14 personas, aunque en el caso de recibir un amplio número de inscripciones, el Departamento de Derechos Sociales está dispuesto a doblar los grupos de trabajo, a fin de recoger todas las sugerencias de la ciudadanía.
Además, en la formación de todos los grupos preponderará el principio de igualdad en la representación de diferentes edades, de mujeres y hombres y el ámbito urbano y el rural.