Miranda reitera que la concesión de la Autovía del Camino cumple la ley, pero no obtiene el apoyo de la oposición

PAMPLONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, insistió hoy en que la concesión de la Autovía del Camino se realizó con "estricta sujeción a la legalidad, según el entender de los cuerpos técnicos, económicos y legales del Gobierno de Navarra".

Miranda compareció, a petición propia y de IUN, en comisión parlamentaria para dar cuenta del informe de la Cámara de Comptos que advertía de un sobrecoste de 55 millones de euros no previsto en el contrato de la autovía, que se financia mediante el sistema de peaje en la sombra.

El consejero afirmó que no ha habido una "desviación económica" en las obras, sino "una reclamación administrativa con repercusión económica" para el Gobierno de Navarra.

Así, Álvaro Miranda reiteró que la revisión oficial de precios en la concesión, que supuso un gasto de 35 millones de euros no previsto inicialmente por la Administración, "es el 'abc' de los contratos públicos" y está previsto por la normativa vigente.

"La concesionaria argumentó con justicia su reclamación administrativa y el Gobierno consideró que la empresa tenía razón", dijo, para añadir que el Ejecutivo pudo haber recurrido a los tribunales, pero entendió que la reclamación de la concesionaria sobre la revisión de precios se ajustaba a derecho.

En cuanto al pago de 19,9 millones de euros a la adjudicataria por adelantar en siete meses la puesta en servicio de la autovía, Álvaro Miranda argumentó que el Gobierno de Navarra decidió aceptar este pago "con estrictas razones de interés público".

En concreto, afirmó que en esos siete meses se pudieron ahorrar 20 millones de kilómetros en viajes, 1 millón de litros de gasolina, 245.000 horas de viaje, una muerte, ocho heridos graves y numerosos accidentes de circulación.

Álvaro Miranda afirmó que la Cámara de Comptos le "merece el máximo respeto" y recalcó que el órgano fiscalizador es de "máxima utilidad y ha permitido a las administraciones públicas mejorar en su funcionamiento".

No obstante, defendió que el departamento de Economía y el departamento de Obras Públicas del Gobierno de Navarra cuenta con profesionales "de la más alta cualificación profesional con amplísima experiencia en la gestión de contratos públicos y ejercitan su labor con el más alto rigor técnico".

Las explicaciones de consejero de Economía no fueron satisfactorias para los grupos de la oposición, Nafarroa Bai, PSN e IUN, grupos que consideraron que el Gobierno podría haber evitado el sobrecoste de 55 millones de euros.

Las tres formaciones coincidieron en que el Gobierno de Navarra podría haber obtenido un resultado más favorable de haber recurrido la exigencia de revisión oficial de precios que presentó la empresa, en lugar de haberla dado por buena.

También esgrimieron que no era necesario el pago por el adelanto de las obras, ya que el pliego establecía que la concesionaria comenzaría a cobrar del Gobierno de Navarra al día siguiente de concluir las obras.

Los portavoces de Nafarroa Bai, PSN e IUN recurrieron al informe de la Cámara de Comptos, que advertía de que el pago de esos 55 millones de euros no estaba previsto en el pliego, para justificar su postura.

El portavoz de IUN, Ion Erro, consideró que "lo más preocupante" de este caso es "la posición de debilidad de la Administración respecto de las empresas adjudicatarias" y consideró que los servicios jurídicos del Gobierno "no tienen especialización para soportar la maquinaria jurídica" de las constructoras.

Además, Erro puso en cuestión que el Gobierno foral recurra al sistema de peaje en la sombra para financiar esta obra y afirmó que, según sus cálculos, el Gobierno pagará un interés del 10 por ciento, cuando el tipo medio se encuentra en el 3,25 por ciento.

En esta línea se pronunció el portavoz de Nafarroa Bai, Maiorga Ramírez, quien afirmó que el Gobierno "actuó de manera excesivamente bondadosa con respecto a la concesionaria" y afirmó que el Ejecutivo "podría haber pleiteado, y probablemente hubiera ganado".

Respecto a la aceleración de las obras, Ramírez consideró "demagógico" que Miranda mencionara que el adelanto de la puesta en servicio pudo evitar una muerte y apuntó que la oposición podría decir que "la inversión que no se dedicó a sanidad ocasionó tantos fallecidos".

Además, Ramírez afirmó que el Gobierno de Navarra debió haber informado de que el adelanto de las obras implicaba también un incremento del gasto.

Lo mismo opinó el portavoz del PSN, Juan José Lizarbe, quien afirmó que "no ha habido transparencia ni claridad" en este proceso y argumentó, al igual que NaBai, que "el Parlamento no conoció estas cuestiones".

"El adelanto de las obras es marketing del bueno y del caro", dijo Lizarbe, para añadir que el Gobierno debió informar del sobrecoste de esta decisión a la par que daba cuenta de su decisión de adelantar la puesta en servicio en siete meses.

El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, defendió la intervención del consejero y afirmó que el Ejecutivo podría haber recurrido la revisión oficial de precios, "pero dentro de unos años estaríamos en esta Cámara escuchando explicaciones de por qué los tribunales habían condenado al Gobierno".