Navarra y el Estado acuerdan el convenio para la financiación y la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Negociación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Comunidad foral de Navarra ha acordado el texto del convenio para la ejecución y financiación del Canal de Navarra, y en concreto, para completar la infraestructura con la construcción de la segunda fase pendiente.

En la reunión, celebrada telemáticamente, han participado, por parte del Gobierno foral, el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez; el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi. Por parte del Ministerio, han asistido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el subsecretario del MITECO, Miguel González Suela; la directora general del Agua y presidenta de Canasa, Mª Dolores Pascual, y la presidenta de Acuaes y directora general de Canasa, Mª Rosa Cobo, según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota.

Ambas Administraciones consideran de "máximo interés" proceder a la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra, y cada una, junto con la sociedad Canal de Navarra, S.A., en el ámbito de sus competencias, se comprometen a "agilizar al máximo los trámites e iniciativas necesarias para facilitar que la licitación del contrato se realice durante el ejercicio 2026, de modo que la construcción de las obras se realice lo antes posible", ha señalado el Ejecutivo foral.

La ejecución se realizará a través de la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A., de la misma forma en que se ha hecho para las obras ya finalizadas.

El texto acordado refleja que el presupuesto total del proyecto de construcción del Canal de Navarra asciende a 850.000.000 euros. La infraestructura, que contempla fases ya ejecutadas y en explotación como la primera fase, la ampliación de la primera fase, las centrales hidroeléctricas de pie de presa y la toma del Canal, tiene pendiente de ejecución la segunda fase. De esta última, el proyecto constructivo que habrá que licitar se aprobó definitivamente con un presupuesto por un valor de 373.731.170 (IVA incluido).

En cuanto a la financiación, como en las anteriores fases, ambas Administraciones se comprometen a financiar aproximadamente el 50% del coste de las obras mediante su participación en el capital social de la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A., del que la Administración General del Estado aportará el 60% y la Comunidad foral de Navarra el 40% restante.

Ambas Administraciones han aportado hasta el momento en forma de capital a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 361.689.020 euros, en la proporción 60/40, quedando pendiente de aportar 63.310.980 euros.

Por esta razón, el texto aprobado recoge que la sociedad Canasa llevará a cabo una ampliación de capital que será suscrita por ambas Administraciones en los citados porcentajes. El compromiso adquirido ratifica que, durante 2026, el Estado deberá aportar 37.986.590 euros, mientras que Navarra contribuirá con 25.324.390 euros.

Respecto a la zona regable potencial del Canal de Navarra, el acuerdo recoge una superficie de 57.976 hectáreas bajo la consideración de perímetro máximo si bien la superficie efectivamente regable quedará determinada por lo que resulte tras la preceptiva obtención de la concesión de aguas, y su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.

Con el objeto de facilitar la viabilidad financiera del proyecto, en 2003 se aprobó, con carácter temporal, la transmisión total a Canasa de los aprovechamientos hidroeléctricos objeto de concesión otorgada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, resultantes de la construcción del embalse de Itoiz. El nuevo convenio recoge el compromiso de Navarra a formalizar la prórroga de esta cesión hasta la recuperación de la inversión.

En cuanto al anticipo económico en concepto de usos expectantes suscrito en 2014, el Gobierno de Navarra se compromete a tramitar una modificación de las condiciones, de manera que la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A. reintegrará dicho anticipo económico a la Comunidad foral de Navarra entre los años 2055 al 2068, devengando un interés del 2,50% a partir del ejercicio en que se apruebe dicha modificación. Hasta el momento, el Gobierno de Navarra ha aportado 75.650.000 euros de los 77.000.000 comprometidos para atender las necesidades de financiación de CANASA.

EXPROPIACIONES

Como en las anteriores fases, el Gobierno de Navarra se compromete a llevar a cabo dentro de sus competencias las actuaciones precisas para poner a disposición de la Administración General del Estado los terrenos necesarios para ejecutar las obras de la segunda fase del Canal de Navarra y para la reposición de los servicios y servidumbres afectados. Navarra actuará como Administración expropiante, ostentando la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S.A. la condición de beneficiaria que le atribuye el artículo 132.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

El pasado mes de marzo, el Consejo de Administración de Canasa aprobó los precios máximos de expropiación y bienes y derechos para tramitar más de 1.500 expedientes por un valor máximo de 5.845.151 euros, además de un adicional para posibles contingencias definidas en el informe de precios máximos aprobados por un importe de 1.753.545 euros.

Por último, y "con el fin de dar cumplimiento al objetivo de adjudicar las obras lo antes posible, ambas Administraciones acuerdan tramitar con la celeridad necesaria aquellos trámites esenciales para comenzar la construcción de la segunda fase del Canal", ha explicado el Gobierno foral.

Con carácter previo a la adjudicación de las obras de la segunda fase, Canasa deberá formalizar con los usuarios los preceptivos convenios en virtud de los cuales se comprometan a aceptar el pago de las tarifas que resulten del estudio económico financiero vigente con los datos actualizados en el momento de la firma de los mismos.

De igual manera será necesario que, previamente a la licitación de las obras, la sociedad Canasa suscriba con la Administración General del Estado la actualización de su convenio de gestión directa.

El texto del convenio acordado deberá contar con los informes necesarios de Abogacía del Estado, Ministerio de Hacienda y de Política Territorial.