PAMPLONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Partido Socialista de Navarra afirmó hoy que la revisión oficial de precios de la Autovía del Camino, que elevó su concesión en 35 millones de euros, fue "una operación calculada, cuyo origen, voluntad y decisión política ha correspondido al Gobierno de Navarra y cuyo máximo responsable, en este caso, como en todos, es el presidente del Gobierno de Navarra, don Miguel Sanz".
El PSN solicitará al Gobierno foral, mediante una moción parlamentaria, que revise de oficio los actos administrativos por los que modificó las cláusulas del contrato y que retrotraiga las actuaciones al momento inicial del contrato, "con la subsiguiente reducción de cantidades y compromisos financieros, y disminución proporcional del importe del canon".
Los parlamentarios del PSN Juan José Lizarbe y José María Vázquez ofrecieron hoy una rueda de prensa para advertir de que la revisión oficial de precios que aplicó que el Gobierno era "innecesaria" puesto que el contrato inicial con la empresa ya establecía que los precios se revisarían según el IPC y cerraba la puerta a más revisiones.
Sin embargo, los socialistas afirmaron que ese pliego inicial, firmado en el año 2002, fue revisado un año después a petición de la concesionaria, y el Gobierno aceptó elevar el precio en 35 millones de euros.
El parlamentario José María Vázquez afirmó que la orden foral por la que se aprobó esta modificación no fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra y criticó que hasta hoy no se había hablado de la existencia de este segundo contrato. "Estos hechos no han sido explicados", dijo.
El parlamentario socialista se preguntó si "no sería lógico pensar que las empresas concesionarias estudiaron con anterioridad la firma del contrato y sus consecuencias, tratándose además de una empresa de ámbito nacional y contrastada solvencia". "¿Por qué un año después solicitan la revisión de cláusulas?", indicó.
En este punto, José María Vázquez indicó que "hay que recordar que en mayo de 2003 se celebraron elecciones autonómicas y UPN y CDN consiguieron mayoría absoluta". "Casualidad, pero la concesionaria solicita la revisión del contrato el 4 de noviembre de ese mismo año, cuando el nuevo Gobierno estaba constituido y en mayoría", dijo.
Vázquez dijo que el 14 de enero de 2004 el Gobierno trasladó a la concesionaria la propuesta de modificación de las cláusulas y, "también casualidad, ese mismo día, la concesionaria dio su conformidad a la propuesta del Gobierno". "Para elaborar el primer contrato necesitaron un año, y cuando se produce la modificación, en el mismo día se estudia y se da la conformidad por escrito", apuntó.
Tras afirmar esto, el parlamentario nacionalista se preguntó "si la empresa concesionaria hubiera planteado la revisión en el caso de que UPN y CDN no hubieran formado Gobierno". "¿Alguien puede creer que un nuevo Gobierno hubiera aceptado la revisión después de comprobar la existencia del contrato firmado en 2002, después de estar desarrollándose las obras con total normalidad?", dijo.
Por ello, exigió al Ejecutivo que "aclare" estos hechos "si no quiere que pensemos que no existían lagunas, sino un nulo interés en la defensa de los intereses de los navarros, al no defender el contrato en vigor y aceptar, sin rechistar, el interés de la concesionaria".
En relación sobre el segundo pago que cuestionó la Cámara de Comptos, el pago de 20 millones de euros por la puesta en servicio de la autovía con siete meses de antelación, el PSN manifestó igualmente que era "innecesario", puesto que el pliego ya establecía que la empresa cobraría el canon del Gobierno de Navarra a partir del primer día desde el final de las obras. Así, los socialistas consideran que el pliego ya establecía un beneficio para la empresa en caso de que adelantaran las obras ya que cobraría antes por ellas.
"El consejero dijo que era una estupidez decir que se había adelantado con motivo de las elecciones autonómicas. Lo que el califica de estupidez nos va a costar a todos los navarros más de 6.000 millones de las antiguas pesetas", dijo José María Vázquez.
No obstante, el parlamentario socialista dijo que no cuestiona la legalidad de la obra, cosa que tampoco hace la Cámara de Comptos, y afirmó que sus críticas se ciñen a la gestión del Gobierno de Navarra.
