PAMPLONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT ha denunciado que 6.000 trabajadores del sector de servicios privados, concretamente de transportes y comcercio, llevan más de 10 años con sus convenios paralizados y sin subida salarial.
UGT ha reclamado a la patronal CEN que "cumpla el compromiso adquirido con los sindicatos en la revisión del Acuerdo Intersectorial de Navarra sobre Relaciones Laborales, en octubre de 2018, de renovar todos los convenios colectivos sectoriales existentes en la Comunidad".
En este caso, se trata de personal asalariado correspondiente a transporte de mercancías (3.500 personas) y comercio vario (500), cuyos convenios colectivos provinciales no han sido renovados desde el año 2008, y al sector de comercio textil (2.000), convenio que se encuentra en "vía muerta" desde el año 2009.
UGT ha afirmado en una nota que "la falta de renovación de dichos convenios les ha supuesto a estos trabajadores y trabajadoras una pérdida de poder adquisitivo del 13%, a quienes tienen el convenio colectivo congelado desde 2009, y del 14,5%, a quienes lo tienen pendiente de renovación desde 2008, que son los porcentajes en que ha aumentado el IPC desde dichos años".
El sindicato se ha mostrado "especialmente preocupado por el riesgo de desaparición de los convenios de comercio textil y comercio vario, ya que en la actualidad no hay una patronal sectorial que les represente y, por tanto, ninguna posibilidad de retomar la negociación".
Amaia Villanueva, secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT, considera que "corresponde a la CEN resolver este problema de falta de interlocución empresarial, ya sea reactivando las patronales sectoriales o asumiendo directamente su representación y acudiendo a las correspondientes mesas negociadoras con voluntad de recuperar ambos convenios colectivos".
REVISIÓN SALARIAL PARA 2020
En lo referente a la negociación colectiva con efectos en 2020 en el sector de servicios privados, UGT ha hecho una valoración "muy positiva", ya que los seis convenios provinciales con vigencia para este año recogen incrementos salariales por encima del IPC.
Así, el convenio de hostelería, que afecta a 14.200 personas, establece un incremento salarial para este año del 2%; comercio de metal (2.500 personas), un 1,55%; empresas de gestión deportiva (1.450), un 2,3%; almacenistas de alimentación (1.100), un 2%; comercio de ganadería (500), un 1,8%; y comercio de ópticas (400), un 2,05%.
En la actualidad, se encuentran en fase de negociación tres convenios que finalizaron su vigencia en 2018, limpiezas (7.000 personas), oficinas y despachos (1.000) y comercio de alimentación (2.000), y uno que concluyó en 2016, servicios auxiliares (200 personas afectadas). Además, otros dos convenios, almacenistas de frutas y verduras (200 trabajadores) y comercio de madera y corcho (400), que acabaron vigencia en 2019 y 2018, respectivamente, están pendientes del inicio de negociaciones.
Amaia Villanueva ha apuntado a "la dificultad de afrontar la negociación colectiva en un sector tan atomizado como el de servicios privados, caracterizado por un tejido empresarial de pequeñas empresas pertenecientes a múltiples subsectores, en el que el desequilibrio de fuerzas provocado por la reforma laboral de 2012 limita enormemente la capacidad negociadora de los sindicatos y favorece la imposición unilateral de condiciones por parte de la patronal".
Según Villanueva, en sectores como el de transporte, "los empresarios están utilizando la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial para devaluar las condiciones económicas y laborales, dándose el caso de empresas que no solamente tienen sus salarios congelados desde el año 2008, en el que se renovó por última vez el convenio sectorial, sino que están por debajo de las tablas de aquel año". "Y en muchos subsectores comerciales, la patronal no tiene ningún interés en negociar, ni en mantener vivos los convenios", ha añadido.
Por todo ello, la responsable de Servicios Privados de UGT ha insistido en la "urgencia de revertir la reforma laboral y reactivar la negociación colectiva en un plano de igualdad, ya que las consecuencias del actual marco legal son el empobrecimiento de sectores que ya sufrían unas peores condiciones laborales, muchos de ellos con una presencia mayoritaria de mujeres, y el aumento de la precariedad y la desigualdad, que están deteriorando nuestro mercado laboral".
