PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, solicitó la suspensión del desalojo del Palacio Marqués de Rozalejo en Pamplona "sin ningún aval del departamento competente, sin ningún acuerdo de Gobierno y sin ningún aval de la asesoría jurídica".
El regionalista ha considerado que esto supone "una responsabilidad de mayor alcance" y ha incidido en que es "urgente retomar la recuperación" del edificio, ocupado desde hace más de un año, "para la Comunidad foral, que es la titular legítima de este inmueble".
Así se ha pronunciado Sánchez de Muniáin en una rueda de prensa en la que ha asegurado que ni en la asesoría jurídica ni en el Departamento de Hacienda "figuran" informes que avalen el escrito de Solana al juez para solicitar la suspensión del desalojo. En este sentido, ha criticado que en el Departamento de Hacienda, "competente para velar por la propiedad de Rozalejo, no tienen ni un solo informe ni tan siquiera el escrito por el cual se solicita la suspensión del acto que ese mismo departamento había instado".
El parlamentario de UPN se ha mostrado convencido de que "aquí se ha procedido a sabiendas en contra de la ley y en perjuicio de todos los ciudadanos". Por este motivo, la formación ha interpuesto una querella contra Solana por los posibles delitos de "prevaricación administrativa, omisión del deber de perseguir los delitos contra el patrimonio que se puedan estar produciendo, y un delito relativo al uso de los bienes públicos".
Preguntado sobre si la Solana debería dimitir si finalmente fuera investigada como consecuencia de esta querella, el regionalista ha señalado que "el cuatripartito, en el mes de mayo o junio, modificó la ley del Gobierno para endurecer en el sentido de que cuando un miembro del Gobierno está siendo investigado debe ser apartado inmediatamente".
El portavoz de UPN ha advertido de la "grave responsabilidad" que tiene el Gobierno de Navarra "con todos los ciudadanos" a raíz de la ocupación del Palacio Marqués de Rozalejo, donde se ubica el denominado 'Gaztetxe Maravillas', que "está siendo utilizado por unos particulares donde realizan actividades económicas en grave riesgo para el edificio y los vecinos".
"Es intolerable que a unos ciudadanos se les exijan licencias, trámites para ejercer cualquier actividad, impuestos, inspecciones; y aquí se esté realizando una actividad económica, como es un bar en pleno Casco Antiguo, y se esté defraudando impuestos en un edificio de Hacienda sin que Hacienda pueda tan siquiera controlarlo", ha censurado.
Según ha explicado Sánchez de Muniáin, los regionalistas han podido conocer un informe, realizado por el servicio de Patrimonio el 17 de agosto, día del desalojo, en el que se constaba que "dada la vulnerabilidad del edificio había que hacer unos cierres de obra" y señalaban que la puerta de acceso "había estado apuntalada con puntales metálicos y de hormigón". Unos puntales que "supuestamente los habrían puesto los ocupantes ilegales", que "no estaban cuando se produce la nueva ocupación y que necesariamente debían haber sido retiradas del interior para que la puerta pudiera ser empujada desde el exterior". Por todo ello, "la puerta era más vulnerable en el momento de la segunda ocupación que en el momento del desalojo", ha remarcado.
Por otro lado, ha explicado, el informe solicitaba que técnicos de Patrimonio fueran avisados para comprobar que el cierre se había realizado correctamente. Sin embargo, esto no se pudo producir debido a que "para cuando la empresa avisa que ya se ha producido el último cierre ya está cerrada la puerta exterior".
El regionalista se ha referido también a otro informe de Patrimonio en el que advertía de un "riesgo estructural" en el edificio, "mayor si se sigue utilizando", además de un riesgo sanitario y de incendios ya que "tomaban de manera ilegal la electricidad". "A sabiendas de todos estos riesgos", ha afirmado el regionalista, el Gobierno mandó un escrito solicitando la suspensión del desalojo que "es interpretado por el juez como una tolerancia a la ocupación".
Andalucía
