MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La portavoz parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, quiere saber qué "contrapartidas" soportará el Gobierno foral por el acuerdo alcanzado esta semana con el Ministerio de Hacienda en relación al IVA de Volkswagen.
En una pregunta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, la líder de la formación magenta se interesa por el acuerdo que pone fin a un conflicto que se prolongaba desde 2012 a cuenta de una distinta interpretación sobre el IVA devuelto por la Hacienda estatal en esos años a la sociedad radicada en Barcelona a través de la cual Volkswagen exportaba los coches fabricados en Pamplona.
Ante esta resolución del conflicto, Díez pregunta al Gobierno por las "contrapartidas" del acuerdo, dado que la "única beneficiada" es la Hacienda foral, y exige al Gobierno que "haga público el texto completo del acuerdo", documento que también ha reclamado por la vía ordinaria parlamentaria. "¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que sustentan esta condonación?", requiere además.
A renglón seguido, la diputada vasca recuerda que la Agencia Tributaria "siempre ha mantenido, de forma extremadamente detallada, que el pago de los 1.500 millones de euros debió corresponder a la Hacienda Foral, al corroborarse que la comercialización de vehículos Volkswagen se realizaba a través de una empresa pantalla en Barcelona con el resultado de eximir a la Hacienda Foral Navarra del pago del IVA".
"¿Cuál es el valor que le otorga ahora el Gobierno a los informes realizados por los técnicos de la Hacienda Estatal que determinaban que era Navarra la obligada al pago?", pregunta, poniendo en tela de juicio también que el Ejecutivo central esté "en situación de renunciar al cobro" de esos millones cuando "se siguen realizando recortes a los ciudadanos en servicios sociales básicos".
Precisamente este viernes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado la inadmisión del recurso presentado por UPyD contra el acuerdo del año 2012 sobre el IVA de Volkswagen, entendiendo que la formación no está legitimada para plantear un recurso sobre este asunto, tal y como había solicitado la Abogacía del Estado.
