Antonio Casado.- Ilegal e inmoral

MADRID 13 Sep. (OTR/PRESS) -

Por mucho victimismo que despache, el señor Ibarretxe carece de argumentos para rebatir el dictamen de la ciudadanía sobre su última aventura, cortada en seco por el Tribunal Constitucional. A la aventura le cuadran los calificativos de ilegal, inmoral y politicamente impresentable en forma y fondo. Todo lo cual no le impide al lehendakari presentarse como la desprotegida víctima de una Democracia imperfecta y un Estado insensible a las aspiraciones de los vascos. Un viejo discurso que, a estas alturas de la pelicula, ya no engaña a nadie.

Respecto a la ilegalidad, acaba de dejarlo claro el Tribunal Constitucional. Simplemente, la convocatoria de este tipo de consultas es una competencia exclusiva del Estado, en los términos del artículo 149 de la Constitución. En cualquier caso, cada convocatoria concreta necesitaría la autorización expresa del Gobierno. El supuesto agravio comparativo que parece denunciar Ibarretxe respecto a los referendums celebrados en Cataluña o Andalucía no es tal. Ninguno de ellos pretendía alterar el marco jurídico político en el que se celebraron esas consultas.

Ese es el fondo de la cuestión. El verdadero transfondo político de la cuestión, por mejor decir, en el que ha entrado el propio Tribunal Constitucional al proyectar en su resolución -aparte de la cuestión formal, referida a las competencias que no tienen las instituciones autonómicas vascas para este tipo de convocatorias- el espíritu y la letra del artículo 2 de la Constitución Española sobre el principio de soberanía nacional única e indivisible. Esa es la madre del cordero. En la extravagante propuesta de Ibarretxe sobre el final dialogado de la violencia -primera pregunta- y el llamado derecho a decidir -segunda pregunta-, lo que subyacía era un descarado y ya cansino intento de fletar en el País Vasco un marco jurídico-político alternativo a la Constitución, siempre que esa fuese la decisión de los ciudadanos residentes en esa parte del territorio nacional.

Pero eso hubiera sido una violación pura y dura del derecho a decidir de todos los españoles sobre el futuro de unos cuantos. Y no al revés, que es lo que pretendía el llamado plan Ibarretxe bis. Así es, pues el lehendakari había convertido ese derecho de todos los españoles (soberanía nacional) en el derecho a decidir de unos cuantos sobre un consenso previo forjado por el conjunto.

Ese consenso previo del conjunto no es otra cosa que el pacto constitucional de 1978, gracias al cual existe el País Vasco como entidad política, dentro del Estado de las Autonomías, por primera vez en la historia de los tres territorios forales.

Finalmente, la propuesta de Ibarretxe era inmoral porque había salido adelante en el Parlamentode Vitoria gracias al apoyo de los amigos de ETA, a cambio de que no hubiese una condena explícita de la banda terrorista, en contra de los que había prometido el lehendakari. Sencillamente era un apoyo manchado de sangre.

Antonio Casado.