Antonio Casado.- Sortu se retrata.

MADRID 8 Mar. (OTR/PRESS) -

Es de obligado cumplimiento que la Fiscalía General y la Abogacía del Estado hablen en nombre del Estado. Va de suyo. También hablan en nombre de la sociedad cuando sostienen ante el Tribunal Supremo que Sortu es Batasuna y, según sentencia del mismo alto tribunal, Batasuna sigue siendo instrumento de ETA para conseguir determinados fines políticos, tales como la autodeterminación y la llamada territorialidad.

En el escrito presentado por los amigos políticos de ETA para inscribirse en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior, se cumplen los imperativos legales exigidos para acceder a la inscripción. De ese modo los firmantes de la solicitud recitan en su carga positiva los indicios negativos detectados por el Tribunal cuando en 2003 decretó la sentencia de ilegalización de Batasuna y de los grupos que trataran de sucederla.

Esos indicios, expresados ahora como "contra-indicios", según la denominación utilizada por la Fiscalía y la Abogacía en sus respectivas demandas contra la solicitud presentada por los amigos de ETA bajo el nombre de Sortu se encierran en uno: rechazo de la violencia como medio de hacer política. Con una salvedad, según la documentación presentada por sus representantes, ese rechazo se concretará cuando en el futuro se concretase también esa violencia.

Las circunstancias han querido que la oportunidad se presentase antes de lo que pudieron imaginar los propios firmantes del escrito, y probablemente la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Véase la reciente detención de los cuatro integrantes de un comando "legal" (etarras no fichados por la Policía) al que, entre otras salvajadas, se le atribuye el asesinato del inspector Eduardo Puelles (junio 2009) y el atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Burgos (julio 2009).

Si nos atenemos a la cuestión (el pretendido blanqueo de los amigos políticos de ETA), reparemos en el hecho de que los solicitantes de la inscripción legal de Sortu no se sienten en la obligación de condenar esas salvajadas porque su rechazo a la violencia se remite al futuro y no al pasado. Habida cuenta de que al comando se le ha intervenido una respetable cantidad de explosivos y medios suficientes para utilizarlos, sus amigos políticos podrían haber condenado la intención mirando al futuro. Ni lo uno ni lo otro. Alegan que nadie les puede obligar a condenar la violencia o a quien la practica (estos cuatro etarras detenidos en el área de Vizcaya, por ejemplo) cuando ni siquiera se les ha legalizado.

Su reacción no ha podido ser más reveladora ni más favorable a las tesis de la Fiscalía y la Abogacía, que en sus respectivas demandas señalan que los "contra-indicios" eran insuficientes y que el rechazo a la violencia expresado en la solicitud de legalización es ritual y táctica. Los hechos lo confirman.