Antonio Casado.- El Supremo y la política

MADRID 9 Dic. (OTR/PRESS) -

Al conocerse el auto del Supremo que da cobertura legal a los encuentros con dirigentes de la ilegalizada Batasuna, la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, dijo que la decisión "ha abierto camino". Un minuto después, en la acera de enfrente la acusaban de hacer una lectura política del auto. Bingo. Aciertan quienes señalen la naturaleza política de la reacción del Gobierno. De la misma pasta es el propio contenido del auto, si entendemos la política no como una pugna entre partidos regida por el principio de oportunidad, sino como razón de ser y sustrato último del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos y las de éstos entre sí.

En realidad el Estado no es sino una sociedad organizada políticamente, lo cual incluye un sistema de controles y contrapesos entre los poderes públicos a la luz de principios como los de seguridad jurídica e igualdad ante la ley. Esas mimbres son las que forman el cesto de la motivada decisión de la sala de lo penal del Tribunal Supremo.

El auto rechaza (inadmisión a trámite es la figura) la querella que había interpuesto el sindicato de funcionarios 'Manos Limpias' contra el presidente del Gobierno por presuntos delitos de prevaricación, desobediencia y quebrantamiento de medida cautelar. No se ha cometido ninguno de esos delitos, según el tribunal. Se refiere sólo al presidente y los ministros por ser 'aforados', pero el archivo de las actuaciones también afecta a tres dirigentes socialistas incluidos en la querella: José Blanco, Patxi López y Rodolfo Ares.

No solo el archivo. Les afecta sobre todo la doctrina respecto a los contactos políticos con dirigentes de una organización ilegalizada y, por tanto, no inscrita en el Registro de Partidos Políticos. No puede haber 'desobediencia', ni 'prevaricación' consecuente, si no hay orden expresa en la que basar el quebrantamiento. Y en cuanto a los 'aforados', donde la doctrina del auto tiene su mayor calado político, el Tribunal Supremo recuerda que no corresponde al Poder Judicial, sino al Parlamento, controlar la actuación del Ejecutivo, excepto en lo que se refiere al encaje de sus actuaciones administrativas en la legalidad. O a las conductas penales de sus miembros, como cualquier ciudadano.

Pero sería un fraude la utilización de la vía penal para condicionar la dirección de la política interior -incluida la política antiterrorista-, que se encomienda al Gobierno. Ese es el 'quid' de la cuestión y ahí es donde el Tribunal Supremo hace Política con mayúscula.

Antonio Casado