Antonio Casado.- Wert y la Constitución.

MADRID 10 Dic. (OTR/PRESS) -

Está de moda apedrear al ministro. José Ignacio Wert, que lleva en la cabeza un modelo educativo en el que tienen puestas sus complacencias los más reticentes con la escuela pública. O, por decirlo de otro modo, los defensores de la enseñanza privada que se financia con dinero público en régimen de concierto. Y por eso la llamada enseñanza concertada recibe tan buen trato en el borrador de la futura Ley de Mejora de la Educación, también conocida por Ley Wert. Debidamente airosas salen, asimismo, las tesis de la Iglesia Católica sobre la educación religiosa de los niños españoles, con equiparable alternativa reservada a una asignatura de Ética. Es el fin de la famosa Educación para la Ciudadanía decidida por el Gobierno socialista.

Por todas esas razones, y otras, el abajo firmante no está sobrado de motivos para celebrar las ideas del ministro Wert respecto a las reformas que necesita nuestro maltrecho sistema educativo. Sin embargo su apuesta más ruidosa ha terminado siendo la que se refiere a la eventual utilización del castellano como lengua vehicular en Cataluña.

En esta polémica concreta no acabo de entender las razones para reprobar lo que se dice al respecto en el borrador. No veo el supuesto patinazo del ministro. Y, en todo caso, su posible lapidación política no viene a cuento. Quiero decir que da exactamente igual lo que piense o lo que diga un ministro concreto cuando se trata de una cuestión de fuero como ésta. Dicho sea en honor al Día de la Constitución, que acabamos de celebrar. Pero además de glosarla, se la honra. ¿Cómo? Cumpliéndola. También en lo que se refiere a la condición oficial del castellano, junto al catalán, en el ciclo obligatorio de la educación pública.

Por tanto, si hubiera algún ataque al modelo de inmersión lingüística catalana, que no lo hay, no sería del ministro Wert, que se irá de la política más pronto que tarde, a juzgar por su tendencia a meterse en líos, sino del Tribunal Constitucional, al reconocer al catalán como "centro de gravedad" del sistema educativo, aunque la condición de "lengua vehicular" también es predicable del castellano.

En este asunto el ministro se limita a llevar esa doctrina al texto de la futura Ley de Educación, a la luz de una sentencia del Tribunal Supremo (diciembre 2010) que insta a la Generalitat a tomar las medidas necesarias de acuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional. A los nacionalistas y a otros les ha parecido un atrevimiento intolerable.

Lo entiendo en el caso de los nacionalistas. Al fin y al cabo no ocultan su voluntad secesionista. La acaban de expresar de forma inequívoca con el consabido órdago por la independencia, incluso al margen de las leyes y los tribunales, como llegó a decir Artur Mas. Pero no lo entiendo en el caso de los partidos que han hecho profesión de fe en el Estado de Derecho y en la necesidad de cumplir la Constitución.