Antonio Jiménez.- Ciempozuelos, ¿otro Filesa?

MADRID 24 Oct. (OTR/PRESS) -

La tesis Blanco sobre la corrupción política en torno al ladrillo es un alegato a favor de la impostura y la hipocresía por no decir la desvergüenza. El secretario de organización socialista dice que la corrupción "es consecuencia de un urbanismo salvaje alimentado durante los años de gobierno del Partido Popular a partir de la modificación de la Ley del Suelo y por vaciar de contenido la Fiscalía Anticorrupción". Dicho en "roman paladino", Blanco sugiere que los alcaldes socialistas ponen el cazo a promotores y constructores y se llevan las "mordidas" millonarias por culpa de la legislación del Gobierno de Aznar. O sea, que si Aznar no hubiera llegado nunca a la Moncloa, no tendríamos sobre la mesa el caso Ciempozuelos, por ejemplo. ¿Acaso no hubo urbanismo salvaje y escándalos de comisiones ilegales derivados de la construcción durante los 14 años de Gobierno de Felipe González?

Como broma no está mal la argucia devenida en sofisma de Pepiño Blanco. La realidad, sin embargo, es que hay dos ex alcaldes del PSOE que han cobrado la friolera de 6.665 millones de pesetas por recalificar unos terrenos en la localidad madrileña de Ciempozuelos y no todo parece que haya acabado, ni mucho menos, en los bolsillos de los ex ediles. Las investigaciones abiertas no descartan la posibilidad de que estemos ante una reedición de Filesa y por tanto de otra financiación ilegal de partidos. No deja de ser irónico que el PSOE pretenda ahora devolverle al Estado el control del urbanismo que está en manos de las comunidades y de los ayuntamientos.

Conviene recordarle a Pepiño Blanco que fueron, precisamente, comunidades gobernadas por los socialistas las que recurrieron ante el Tribunal Constitucional la legislación aprobada por el Gobierno de Aznar que liberalizaba todo el suelo municipal, salvo el protegido por razones medioambientales o de otra índole. Las comunidades socialistas y los ayuntamientos que respaldaron el recurso por el que el alto tribunal anuló la legislación del gobierno popular entendieron que si perdían el control del suelo perdían asimismo buena parte de la financiación municipal y regional. Me temo que también pensaron en la posibilidad de perder una vía indirecta de inyectarle recursos a las arcas de los partidos. Por tanto, bienvenido sea el decálogo con el que los socialistas pretenden ponerse al frente de la manifestación contra la corrupción y la inmoralidad urbanística, pero como bien le responde Rajoy, la mejor fórmula para combatir los desmanes y delitos urbanísticos es que quienes ponen el cazo y cobran comisiones inmorales e ilegales como las de Ciempozuelos dejen de ponerlo y que policías y jueces actúen contundentemente contra alcaldes y concejales recalcitrantes en el latrocinio del ladrillo.

Antonio Jiménez.