MADRID 14 Nov. (OTR/PRESS) -
'Pacovázquez' sigue siendo el referente nacional de ese PSOE que Zapatero ha arrinconado en el Vaticano o ha jubilado en Toledo, que es el caso de Bono. Siempre he disfrutado del sentido común que el ex alcalde de La Coruña, (con "la" como a él le gusta), ha inculcado a su discurso político referido a la unidad de España y a la Constitución. El ahora Embajador de España en el Vaticano no se ha arrugado nunca con cinismos e hipocresías, ni mordido la lengua, ante las políticas egoístas de los nacionalistas que han minado la cohesión del Estado y la solidaridad interregional.
Desde su espléndido retiro romano, a la vera de Benedicto XVI, 'Pacovázquez' ha abogado por reformar la Ley Electoral que prima en representación popular a los nacionalismos que instalados en las Cortes someten después al Gobierno de España a sus intereses particulares. Zapatero, como en su día lo fueron González y Aznar pero en menor medida y con la diferencia de que no traspasaron nunca las líneas rojas que delimitan el Estado constitucional, es rehén de todo el arco de siglas nacionalistas que pueblan los escaños del Congreso, a quienes les otorga preces y favores a cambio de apoyos para seguir en la Moncloa. El "mercado persa" en que se convirtió el Congreso durante la tramitación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado evidenció la necesidad de poner coto al privilegio electoral que disfrutan las minorías nacionalistas a quienes pagamos todos los españoles las facturas que le pasan a Zapatero por su respaldo.
La renovación del tripartito en Cataluña ha revelado otra vez la perversión de un sistema que envía a la oposición al partido con más votos y escaños, mientras premia con el poder, otra vez, a las dos fuerzas más castigadas en las urnas por su nefasta gestión al frente de la Generalitat -el PSC perdió cinco escaños y ERC dos-. En Francia, una segunda vuelta electoral permite que gobierne el partido con más respaldo popular. Pero la reforma que quiere 'Pacovázquez' persigue sobre todo que un voto tenga el mismo valor en cualquier parte de España y no como ahora que los partidos nacionalistas consiguen más escaños en el Congreso con menos votos que una fuerza de ámbito nacional como IU que les quintuplica en número de sufragios. La reforma debe incluir asimismo el sistema de listas abiertas para que sean los ciudadanos quienes elijan a sus representantes por el perfil profesional, intelectual y político, y no los aparatos de los partidos. En fin, una reforma de la Ley Electoral en estos términos insuflaría oxígeno a un sistema democrático que necesita desprenderse de los vicios y perversiones que le alejan de los ciudadanos.
Antonio Jiménez.