Actualizado 11/12/2009 13:00

Carlos Carnicero.- Unidad frente al terrorismo islamista.

MADRID 11 Dic. (OTR/PRESS) -

Hubo un tiempo en el que los cambios producidos en la dirección del PP convocaban al optimismo de nuevas estrategias en este partido. La sustitución de Ángel Acebes, Eduardo Zaplana y Vicente Martínez Pujalte hacían pensar en que sus sucesores tendrían una tecnología política que no buscase sistemáticamente la crispación.

En el caso de María Dolores de Cospedal la esperanza ha sido vana. La secretaria general del PP no deja de sorprender con conductas típicas de sus predecesores. Sus acusaciones sin pruebas ni fundamentos sobre supuestas escuchas a su partido y la generalización de la sospecha sobre policías, fiscales y jueces, pretendiendo una intencionalidad política de perseguir al PP en la trama de Gürtel, no han tenido nunca ni rectificación ni denuncias judiciales.

Ahora la secretaria general del PP relaciona directamente una supuesta "debilidad" de la política exterior de España con el secuestro de los cooperantes españoles en Mauritania. En vez de ponerse incondicionalmente al lado del Gobierno para salvar la vida de nuestros compatriotas, lo que hace María Dolores de Cospedal es sembrar las dudas sobre la responsabilidad, aunque sea indirecta, del Gobierno en una acción terrorista. Una vez más la querencia por la bronca y la descalificación puede sobre la solidaridad y el sentido de Estado que debiera suponerse al principal partido de la oposición en un momento tan difícil en el que una de las organizaciones terroristas más peligrosas del mundo plantea un secuestro en términos muy difíciles de manejar.

La apariencia que trasluce la conducta de Cospedal es que sigue imbuida del principio de que envenenar la vida política puede alimentar al sector más radical del PP y hacer desistir por cansancio a los votantes de centro. Pero el tiro puede volver a salir por la culata porque por muy entusiasta defensor que se sea del PP, la deslealtad, la ausencia de patriotismo y el oportunismo de desgastar al Gobierno cuando hay españoles en peligro termina por pasar factura.

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