Cayetano González.- La respuesta.

MADRID 21 Dic. (OTR/PRESS) -

Consumado el desafío secesionista de Artur Mas al haber llegado a un acuerdo con ERC para poder mantenerse en el poder y llevar a cabo en el 2014 un referéndum ilegal en Cataluña sobre la independencia de esta comunidad autónoma, la única alternativa que le queda al Estado, es la respuesta a través de la aplicación estricta de la ley. Al Gobierno de la Nación le corresponde liderar e impulsar esa respuesta y a los Tribunales -bien sea el Constitucional o los de Justicia- dictar sentencia y actuar contra aquellos responsables públicos que con sus actos y decisiones promuevan y alienten la ilegalidad.

Ya nadie puede llevarse a engaño. A algunos les ha costado aceptar que, a pesar del batacazo electoral que Mas y CiU se pegaron en las urnas el pasado 25 de noviembre, el pacto de gobierno que iban a hacer era con la Esquerra Republicana. Y que para lograr el apoyo de esta iba a ser necesario, no solamente comprometerse, con fecha determinada, a la celebración del referéndum, sino a adoptar una serie de decisiones en el terreno económico y fiscal, que al electorado de CiU les tiene que haber dejado literalmente patidifusos.

A esta situación de grave crisis institucional en Cataluña se ha llegado por numerosos factores, siendo uno no menor la comodidad y la complicidad con que eso que se llama poderes económicos han convivido con el poder político establecido que siempre ha pivotado en torno a CiU. Ahora va a ser interesante ver la reacción de esos banqueros, de esos empresarios que con toda lógica ven peligrar sus cuentas de resultados, si los planes soberanistas de CiU y ERC siguen adelante.

En el terreno político, el expresidente Aznar acaba de plantear la conveniencia que los tres partidos nacionales -PP, PSOE y UPyD- que teóricamente defienden la unidad de España, hicieran una declaración institucional, apoyada incluso por el Rey, sobre la vigencia y defensa de esa unidad. No se si el PSOE, viendo lo que dicen unos y otros dentro de esa formación política, está en el momento presente para esos menesteres. Pero que duda cabe que uno de los factores con los que juegan los partidos independentistas es precisamente con la debilidad que aprecian en los partidos nacionales. Por eso, la responsabilidad del actual Gobierno del PP y de su presidente Rajoy es aun mayor si cabe. Porque la respuesta que tiene que dar el Estado de Derecho al desafío independentista planteado por Artur Mas y ERC se tendrá que producir en cualquier caso. Y no parece que el camino a seguir sea decir como hizo Rajoy en el Senado el pasado martes: "mi predisposición a la cooperación y colaboración con Cataluña es total", sobre todo, cuando la otra parte ni quiere cooperar ni quiere colaborar. Quiere, lisa y llanamente, romper con España.