Crónica Justicia.-Las comunidades del PP con competencias en Justicia se desmarcan del acuerdo que pide más atribuciones

-Madrid y Comunidad Valenciana se descuelgan de un texto que pide, por ejemplo, que las autonomías decidan donde ubicar nuevos juzgados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (OTR/PRESS) -

Siete de las nueve comunidades que tienen transferidas parte de las competencias en justicia piden más atribuciones. De la lista inicial se han descolgado las comunidades de Madrid y la valenciana, gobernadas por el PP, una decisión que para el resto respondería a razones políticas "ajenas al contenido de los acuerdos". El texto ratificado hoy y que será remitido al Ministerio de Justicia contempla, entre otras propuestas, que las autonomías decidan la ubicación de nuevas unidades judiciales.

Lo que aspiraba a ser un acuerdo de nueve se ha tenido que conformar con siete firmas. Cataluña, Andalucía, Asturias, País Vasco, Canarias, Navarra y Galicia ratificaron un texto que solicitará al Gobierno nuevas atribuciones en materia de justicia. De la lista se han caído Madrid y Valencia, en una decisión que el conselleiro de Presidencia del Gobierno gallego, José Luis Méndez Romeu, califica "de orden estrictamente político".

El texto se debatió en la reunión que la Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas celebraron en Santiago de Compostela. Méndez Romeu destacó en rueda de prensa que la baja de las autonomías 'populares' se produce después de que hubiesen participado de forma "fructífera" en las discusiones, por lo que considera que la decisión obedece a "razones ajenas al contenido de los acuerdos".

NUEVAS UNIDADES JUDICIALES

Las siete comunidades que firmaron el acuerdo y que tienen competencias en justicia reclaman más atribuciones en este sector. Entre ellas, figura la demarcación de la planta judicial, que traería como consecuencia que los propios Gobiernos autonómicos decidirían la ubicación de las nuevas unidades judiciales. "Es una situación que difícilmente se puede resolver si la toma de decisiones se hace a 600 kilómetros", subrayó el conselleiro José Luis Méndez Romeu. Según el socialista gallego, son los Ejecutivos regionales los que mejor conocen la carga de trabajo y las necesidades judiciales que vayan surgiendo.

En relación a las lenguas, el texto que recibirá el Ministerio de Justicia recoge la petición de que los idiomas cooficiales gocen de "plena utilización" en las comunidades autónomas donde se den. Con ello, el ciudadano podría elegir la lengua en la que desarrollar todo el proceso, desde el inicio de éste.

También solicitan la transferencia de los cuerpos de secretarios judiciales y médicos forenses para que los Gobiernos autonómicos puedan "racionalizar las plantillas" y promover concursos de traslado. Las peticiones se completan con la demanda de un protocolo de actuación en materia de Medicina Legal en caso de grandes catástrofes, participación de las comunidades en los fondos relativos a la gestión de las cuentas, depósitos, tasas y multas judiciales, y la implantación de una nueva oficina judicial. Según Méndez Romeu, la implicación del consejo General del Poder Judicial en la constitución de esta oficina sería "imprescindible".